Por Guillermo Yaguno
El proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales (congresal y presidencial) al 28 de julio de 2020, al final del Mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra, dio la estocada final a un Congreso mediocre y obstaculizador a las reformas políticas presentadas por el Ejecutivo y al constante papel de escuderos y protectores de altos mandos acusados de corrupción. ¿Qué más se podía esperar?
Vizcarra se compró el pleito con el Congreso pasivo e inactivo, principalmente con el fujiaprismo, desde que asumió la presidencia de la República. Con un contexto traspasado por el efecto Odebrecht, la clase política y el sistema judicial peruano envueltos en una esfera de corrupción. La decisión había que tomarla en un marco de corto, mediano y largo plazo.
Es decir, crear las condiciones para que el Ministerio Público y el Poder Judicial respondan a la altura de las circunstancias ante la corrupción puesta al descubierto tras las investigaciones del Equipo Especial del caso Lava Jato y la colaboración eficaz de directivos y funcionarios involucrados en corrupción. Desde el Gobierno se tenía que transmitir esa voluntad política y respaldo institucional a la tarea de la lucha contra la corrupción del Ministerio Público y se dio.
Pero esta voluntad política no solo quedó en los simples gestos verbales y para la tribuna, el presidente Vizcarra, no solo le tomó la palabra al pueblo para tomar al toro por las astas y cerrar el Congreso, escuchó también a sectores políticos y civiles para encaminar un cambio dentro de la legalidad y el marco constitucional. El mandatario indicaba que el Perú es consciente de que la corrupción “carcome las bases del Estado, afecta los recursos públicos y obstaculiza el crecimiento económico. No puede haber desarrollo con corrupción” y anuncia el referéndum para las reformas del Poder Judicial.
El siguiente paso, dentro del proceso de reformas del país, era el político, y es así que el Ejecutivo manda el paquete de reformas al legislativo con cuestión de confianza de por medio, previa oposición y desinterés de la comisión de constitución del Congreso manejado por el fujimorismo y con la posibilidad de que el Congreso sea cerrado por el presidente. La cuestión de confianza fue dada y el curso del debate y la aprobación de las reformas siguió su curso, pero éstas se fueron desnaturalizando en el camino y así lo hizo notar el propio presidente Martín Vizcarra, afirmando que no se sentía satisfecho con lo avanzado hasta el momento, estas declaraciones no tuvieron eco en el Congreso y menos en la comisión de constitución.
El detonante mayor de la decisión presidencial, ha sido el de la inmunidad parlamentaria, esta se mantiene y sale más fortalecida, la paridad y alternancia se adulteran a la hora de mantener el voto preferencial, y la democracia interna dará paso a la clase política de siempre que correrá con ventaja en las próximas elecciones de acuerdo al acomodo del fujimorismo.
Vizcarra no tenía otra salida, desde el inicio decidió no ser un accidente en la historia política y darle gusto al fujiaprismo, siguió alentando los cambios que hace muchos años debieron iniciarse, aunque para ello tengan que irse todos.
*Periodista de Radio San Martín
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