Tía María y Chinchero: ejemplos de crisis de gobernabilidad

Carlos Herz

El concepto de gobernabilidad aparece con frecuencia cuando se trata de explicar la situación de las instituciones públicas encargadas de ejercer gobierno. Se hace más difícil el entendimiento de esta acepción  cuando quienes la repiten cotidianamente son incapaces de cumplir sus funciones, o consideran que es suficiente ser elegidos o designados sin interesar que sus acciones legitimen su capacidad de gobernar. A través de la gobernabilidad se trata de organizar la vida pública por parte de las autoridades políticas promoviendo legitimidad, representatividad, ciudadanía, democracia, solidaridad, diálogo, relaciones de equidad e inclusión, así como responsabilidad y servicio ético, eficiente y cálido a la ciudadanía. A su vez se trata de construir sólidas alianzas y redes con instituciones, organizaciones sociales y el mercado para fortalecer y consolidar el Buen Gobierno, garantizando participación, transparencia, compromisos, consensos y con ello sostenibilidad en las propuestas de desarrollo que sustenten la gestión pública.  Es evidente que estamos bastante lejos de lograrlo. Por el contrario, más que allá de las perdonables limitaciones en los esfuerzos por cumplir bien las competencias públicas, lo que existe es un claro propósito de no querer hacerlo. Y allí están los escandalosos ejemplos que exhiben la mayoría parlamentaria, expresada principalmente en el fujimorismo y aprismo, de apañar, y promover actos y actores que simbolizan lo más corrupto, denigrante y retardatario de la sociedad peruana. La elección de la nueva Junta Directiva del Congreso no hace más que reiterar esa situación.

Es desde ese contexto de crisis de gobernabilidad que se debería analizar algunos casos emblemáticos, tales como la construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco, y la aprobación de la puesta en marcha del proyecto minero Tía María, en Arequipa. Ambos adolecen de las condiciones que deberían darse para construir gobernabilidad. La ausencia de consensos entre los diversos actores involucrados y por tanto de legitimidad es uno de los factores críticos, más notorio aún en el caso de Tía María. Es más, la conflictividad es tan evidente que se enfrentan entre sí las instituciones públicas, gobierno central contra gobierno regional y gobiernos municipales, haciendo evidente la carencia de una propuesta de país sobre cómo encarar la inversión extractivista en el marco del desarrollo territorial. “Minería o agua y agro”, surge como dicotomía para muchos irreconciliable, más aún cuando son conocidos los impactos de diversas actividades mineras y, en particular el cuestionable comportamiento ambiental y social cuestionable de Southern. Allí están como tristes recuerdos las escorias y relaves en la bahía de Ite y la contaminación con sulfuros de la agricultura del sur, justamente del valle de Tambo, donde se ubica este nuevo proyecto extractivo.

Sin aprender de las lecciones de hace 5 años, en que la población y autoridades locales lograron dejar en suspenso Tía María, el gobierno actual, presionado por la CONFIEP, le da luz verde, temeroso del vencimiento del plazo de aprobación de la EIA y del supuesto riesgo de retiro de la inversión privada, añadiendo el argumento pueril del compromiso de la empresa de empezar la construcción cuando se convenza a la población de las bondades del proyecto y se garantice la licencia social. Era obvio que se daría el rechazo de la población y sus autoridades municipales, a los que se sumó el gobernador Cáceres Llica. El resultado de la negociación presidencial con las autoridades del sur, finalmente ha sido el compromiso del Ejecutivo de revisar la licencia de construcción otorgada al proyecto.

Una vez más poco o nada se ha entendido lo que significa construir gobernabilidad y ha primado la componenda con un sector (CONFIEP), la incapacidad de analizar la presencia de otros actores empresariales (no aceptar la minería no es oponerse a la inversión privada), la ausencia de transparencia en las alianzas, la reacción cortoplacista, entre otros. Finalmente como resultado reiterativo y grave, es que se reduce aún más la ya lábil confianza que existe entre los actores. Una expresión concreta que contribuya a cambios positivos puede ser el debate de una nueva Ley de Minería anunciada por el presidente Vizcarra, siempre que contemple aspectos claves como la elaboración participativa y un rol más protagónico del Estado en la elaboración de los EIA; la inclusión de los proyectos de inversión minera en el marco de la zonificación económica y ecológica y de los planes de desarrollo territorial; la obligación de una real transformación productiva de los minerales extraídos generando mayor valor agregado interno; la creación  de mecanismos de control y monitoreo ambiental participativo; la revisión de las condiciones para concesionar áreas de minería, evitando la especulación y garantizando adecuación territorial, entre otros.

El otro caso analizado es el de la terca decisión del gobierno nacional de viabilizar la construcción del aeropuerto de Chinchero, que expresa cuán lejos se está del concepto y práctica de gobernabilidad. Esta obra surge en un contubernio empresarial al clásico estilo lobista del defenestrado presidente Kuczynski; con cada vez más evidencias de un negativo impacto sobre el invalorable patrimonio cultural cusqueño; con escasa información y limitada transparencia respecto a su real trascendencia para el desarrollo de Cusco y del sur (ya está claro que no sería un aeropuerto internacional que compita con el de Lima, por lo que no contribuirá mayormente a enfrentar el centralismo; con notorias evidencias de los riesgos que puede generar su ubicación para la seguridad de los viajeros; entre otros aspectos ya tratados con mucha solvencia en los últimos meses por los críticos del proyecto a quienes el gobierno se niega a escuchar.

Más allá de los intereses particulares mostrados por un sector de operadores turísticos y de despertar un comprensible regionalismo en parte de la población cusqueña, el gobierno central debería construir espacios de diálogo entre las diversos instituciones académicas, técnicas, sociales y políticas del sur peruano, para sustentar propuestas alternativas sobre la necesaria construcción de una infraestructura aeroportuaria en Cusco desde una visión de país, de desarrollo territorial descentralizado, sin los impactos sobre el patrimonio cultural y demás riesgos que muestra el actual proyecto,  .

La crisis de gobernabilidad que se hace evidente en estos dos ejemplos no será superada sólo con buena voluntad en un escenario en el que la capacidad de acción del Estado se reduce, se incrementan las reformas privatistas y desreguladoras, y se muestra más frági, ineficiente y limitado el poder de acción de las instituciones públicas para llevarnos hacia el bienestar pleno. La pregunta entonces radica en cómo ejercer buen gobierno ante esa realidad. Lo que aparece como respuesta es la búsqueda de un mayor protagonismo de las instituciones de la sociedad para consensuar propuestas de desarrollo, junto con la academia y la empresa, generando compromisos para construir un proyecto de país, como el que propone el CEPLAN hacia el 2050. Lo que se requiere es un estilo de gobierno en el que se fortalezca el protagonismo social, la construcción de redes de mujeres y hombres que se movilicen y representativamente asuman el rol de recuperar la confianza venida a menos, los valores democráticos degradados, e incluso a la ciudadanía, para retomar la búsqueda de ese valor público que significa atender los derechos y necesidades fundamentales de la gente.

Se trata, en síntesis de construir gobernanza, es decir aquellos espacios o redes en los que gobierno -nacional, regional y local-, sociedad civil organizada y movilizada, academia y empresariado nacional, apuesten por un proyecto de país en el que las acepciones de democrático, descentralizado, diversificado según las potencialidades territoriales, inclusivo, justo y equitativo,  dejen de ser retórica y se conviertan en una realidad por forjar.

El llamado último del Gobierno Nacional de adelantar las elecciones generales para julio del 2020 puede ser un buen mensaje si va acompañado de las reformas políticas y judiciales que garanticen el inicio de la superación de las actuales lacras partidarias que se oponen a la participación efectiva de la sociedad en la conducción del país por los rumbos arriba expuestos.