El director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de San Román, Julio Antonio Jara Quispe, afronta una nueva denuncia por los hechos irregulares que se registran en la entidad que dirige desde el año 2016.
Una vez más, a través del Oficio 0019-2019, el cual fue recibido por el Gobierno Regional de Puno (GRP) el pasado 23 de julio, se denuncian irregularidades en esta UGEL. Los trabajadores sindicalizados, en ese sentido, esperan sanciones para los autores y cómplices de los múltiples ilícitos detectados.
Uno de estos hechos lo representa la contratación irregular de Nerio Alejandro Bravo Aguirre en el cargo de administrador, cosa que se habría efectivizado sin respetar los procedimientos que la ley exige.
La denuncia detalla que el funcionario beneficiado con la designación, es familiar cercano del director de la Ugel San Roman, lo cual se tipifica como delito de nepotismo.
Y como si esto no fuese suficiente, se sabe que Nerio Bravo fue contratado mediante locación de servicios, pero goza de beneficios laborales conforme a la ley 29876, lo cual corresponde solo a trabajadores nombrados de la entidad.
Otro caso irregular es el de la profesora Jakeline Candelaria Charanga Urquizo, quien en los años 2016, 2017 y 2018, fue destacada ilegalmente en puestos administrativos, como asesora de la Comisión permanente de Procesos Disciplinarios.
Ante ello, se formuló la denuncia con el expediente 14420, del 14 de mayo del 2018, el cual llegó a la Comisión de Procesos Administrativos de la Dirección Regional de Educación de Puno (DREP); sin embargo, el documento nunca avanzó, por lo que se presume otro delito de colusión, esta vez entre los acusados y los que conforman el grupo de trabajo.
Lo peor es que del expediente, que da cuenta de los ilícitos cometidos por Julio Jara, fueron mutilados cerca de 117 folios, los mismos que desaparecieron en la anterior gestión.
Por otro lado, se conoce que la Oficina de Control Interno de la DREP también tiene conocimiento de estos hechos irregulares, considerando que se le hizo alcance del informe 037- 2018, del 28 de agosto del 2018, pero hasta ahora no se tiene respuesta.
Ante este panorama, el procurador del GRP, Gustavo López, manifestó que interpondrá las denuncias respectivas para esclarecer estos hechos que se han venido registrando en la gestión de Julio Antonio Jara Aguirre.
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