El juez federal de EE.UU. que lleva el caso de la posible extradición del expresidente de Perú Alejandro Toledo, acusado en su país de corrupción, aceptó este miércoles volver a considerar si deja al exmandatario en libertad bajo fianza mientras dura el juicio.
El nuevo defensor de Toledo, Graham Archer, que fue asignado de oficio por la corte al asegurar el expresidente que no se podía pagar a un abogado de su bolsillo, proveyó al juez de nueva información financiera sobre su representado y le pidió volver a considerar su puesta en libertad.
El magistrado federal Thomas S. Hixson, del distrito Norte de California, aceptó la petición de Archer y fijó una nueva vista para el 22 de agosto a las 10.00 hora local, para disponer así de tiempo para revisar la extensa documentación que le facilitaron tanto la defensa como la fiscalía.
La sesión duró menos de diez minutos y generó mucha menos expectación que la audiencia celebrada a finales de julio, en la que hubo personas que se quedaron fuera de la sala al llegar esta a su límite de capacidad, aunque quien sí volvió a estar presente fue la esposa de Toledo, Eliane Karp.
A diferencia de la ocasión anterior, en que Karp casi se quedó fuera de la sala y cuando finalmente pudo entrar sólo consiguió sentarse en uno de los bancos de más atrás, la mujer del exmandatario logró un sitio destacado en segunda fila en esta ocasión, y Toledo se giró en varias ocasiones para mirarla y lanzarle besos al aire.
Por su parte, la fiscal Elise LaPunzina, que representa al Gobierno de EE.UU. en este caso de extradición, puso en duda que el exmandatario peruano realmente no tenga recursos suficientes para pagarse un abogado y que se le tenga que asignar uno de oficio, algo que el juez también se comprometió a revisar.
El abogado que representó a Toledo en la audiencia del 19 julio, Joseph Russoniello, anunció su renuncia en esa misma vista, en la que el juez denegó al expresidente la libertad bajo fianza al determinar que existía riesgo de fuga.
El magistrado y las dos partes acordaron que, además de volver a considerarse su posible puesta en libertad, en la sesión del 22 de agosto también se fijarán nuevas fechas para las próximas vistas.
Toledo está acusado de haber recibido hasta 35 millones de dólares de Odebrecht a cambio de favorecer a la constructora brasileña en sus negocios en Perú cuando él aún era presidente, y ha pasado los últimos dos años prófugo de la Justicia peruana en EE.UU., donde reside en la localidad de Menlo Park (California), cerca de San Francisco.
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