El gobernador de Puno, Walter Aduviri, se volvió a pronunciar desde la clandestinidad. Aprovechó la apertura de diversas emisoras para emitir sus declaraciones sobre la orden de prisión preventiva por quince días que ordenó en su contra Youl Riveros, magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Puno.
Precisó que no es prófugo y que más bien apeló a su derecho de cautelar su libertad frente a una decisión judicial, a la que calificó de desproporcionada y abusiva. Dijo que no salió nunca del país para fugarse, sino por invitaciones propias de su cargo.
Aseguró que le llama la atención que el sistema de justicia no encierre a los corruptos del Perú, pero que su mano llega a quienes “lo único que hicieron fue defender los recursos naturales de los proyectos extractivistas”.
Opinó que la justicia está capturada por intereses económicos y poderes que giran en torno a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).
La autoridad cree que detrás hay una política de criminalización de la protesta bajo la fachada de justicia. “No hay pruebas en mi contra (en el caso del Aimarazo), pero me quieren preso. No hay una sola prueba. Está proscrita la responsabilidad objetiva y aun así se me quiere condenar”, cuestionó.
El dirigente Patricio Illacutipa aseguró que en los siguientes días saldrán en marcha de protesta a favor de Aduviri, porque cree que es víctima del sistema neoliberal que usa el aparato judicial para perseguir a los opositores que son líderes originarios.
Fuente: La República
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