Columna: Roger N. Puraca Soncco
El lunes 26 de agosto se dio la lectura íntegra de la sentencia al aún gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, por el caso “aymarazo”, confirmando la condena de 6 años de pena privativa de libertad efectiva y el pago de 2 millones de soles por concepto de reparación civil, en favor del Estado Peruano. Dicha sentencia fue dada por Resolución N° 105 – 2019, como coautor no ejecutivo, por el delito contra la tranquilidad pública, en su
modalidad de delitos contra la paz pública, en su forma de disturbios, estipulado y sancionado en el artículo 315° del Código Penal; por el Juzgado Penal Colegiado de Puno.
El jueves 8 de agosto, Walter Aduviri Calisaya solicitó ante el Consejo Regional 15 días de licencia sin goce de haber, después de conocer su sentencia de 15 días de prisión preventiva, por incumplir reglas de conducta en el proceso que le siguen; luego presentó otro oficio solicitando 30 días más. El día viernes 16 de agosto, el Consejo Regional le otorgó los 15 días de licencia y denegó la solicitud de 30 días.
La licencia se cumplió el jueves 22 de agosto, es decir, que ya van ocho días que el Gobierno Regional de Puno no tiene titular de pliego, aunque el señor Agustín Luque Chayña, vicegobernador regional, niega que el Gobierno Regional se encuentre en desgobierno tras la sentencia de prisión efectiva contra Walter Aduviri. Sin embargo, el mismo gerente del Gobierno Regional, Dione Pacoticona, indicó que tres proyectos están paralizados a falta de firma de resoluciones. Entonces, la realidad es que hay una crisis en el Gobierno Regional de Puno.
La contradicción del gerente y el vicegobernador es evidente. Agustín Luque incluso dijo que él está encargado del Gobierno Regional de Puno (GRP), por un memorándum, y que Walter Aduviri le encargó el GRP entre el 22 de agosto hasta al 23 de setiembre; también manifestó que cualquier duda la resolverá el Consejo regional, como la suspensión de 120 días, que presentó el señor Francisco Calatayud Guerra, dizque allegado a Agustín Luque. Qué extraño.
Desde nuestra óptica, la región no debe estar en crisis por una persona; si bien hay un vicegobernador y Consejo Regional de acuerdo a la Ley de Descentralización. El Consejo Regional debe agendar cuanto antes la suspensión del señor Walter Aduviri y tramitar al JEE de Puno; de no ser así, entonces el Poder Judicial de Puno debe remitir la sentencia al JEE, para dar su credencial al vicegobernador. El presidente del Consejo regional, José Borda Cahua, dijo que ya solicitaron al Poder Judicial copia de la sentencia. ¿Cuánto tiempo demorará?
Para muchos ciudadanos la pena de prisión efectiva para Walter Aduviri es abusiva, sin ninguna prueba; sin embargo, para otros es justa, ya que hizo daño a la propiedad pública, especialmente para el empresariado y oligarquía peruana.
Desde nuestra posición, la criminalización de la protesta y encarcelamiento es un mal precedente para el pueblo y, por ende, muy preocupante.
En el año 2017, el Estado devolvió más de cinco mil millones por no estar operando las empresa mineras y ¿cuánto recaudó el Estado de impuestos? Solo cerca de 400 millones, y encima muy mal concesionado, con arreglos por debajo de cada gobierno. ¿Qué explicación se da al pueblo peruano?, ¿Por qué las regiones donde se explotan los minerales están en una extrema pobreza?
Algunos fiscales y jueces consienten sentencias sin ningún criterio de racionalidad jurídica; para ellos, si hay daños de propiedad privada o pública, que se aplique la Ley. También se debe aplicar la Ley para la mayoría de alcaldes distritales, provinciales, gobernadores regionales, funcionarios de los ministerios, expresidentes del país, etc., es decir, para todos los corruptos. Hay muy pocos fiscales y jueces honestos.
El “aymarazo” ocurrió el 26 de mayo del año 2011, con el incendio de los depósitos de Aduanas, de las oficinas de la Contraloría y la Gobernación., ¿Cuánto perdió el Estado en ese
incendio? ¿Cuánto pierde el Estado si un gobernante concesiona una empresa minera con arreglos debajo de la mesa, por millones de soles?, ¿Cuánto pierde el estado si una autoridad o funcionario roba sin piedad el dinero del pueblo? ¿ Y cuánto daño hace al Perú, si un fiscal o juez recibe o pide coima? ¡Quién juzga a quién!
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