Denis Bobadilla
Las provincias de San Román, Puno y Azángaro son las que más casos de violencia registran en el altiplano puneño, informó el coordinador regional del Centro de Emergencia Mujer (CEM), Yuri Mamani Hancco, añadiendo que, ante ello, están atentos a las denuncias durante las 24 horas del día.
Según precisó, es en San Román donde más casos de violencia se atienden; prueba de ello es que, de los 10 feminicidios reportados este año en la región, el 50% se suscitaron allí. “También tenemos casos registrados en Yunguyo, Ayaviri, Carabaya y un caso en la provincia de Puno”, recordó Mamani Hancco.
Asimismo, dijo que en la región hay 18 CEM, los cuales atienden las 24 horas, trabajando con el instrumento de prevención “Semáforo de la Violencia”, es decir, dando a conocer a la población, mediante capacitaciones y actividades, cuáles son las características de los potenciales agresores.
LOS DESAUTORIZAN
Por otra parte, informó que el artículo 25 de la Ley 30364, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, prohíbe a los jueces de paz no letrado de los distritos u otros funcionarios, confrontar y conciliar a víctimas y agresores.
En ese sentido, el artículo 377 de dicha norma establece que la autoridad o funcionario público que ilegalmente omita, rehúse o retarde algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa libertad no mayor de dos años y una multa de 30 a 60 días; en caso de que la omisión se dé por casos de garantías personales, la pena es no menor de dos ni mayor de cinco años.
“Antes, algunos operadores de justicia, funcionarios, incluso autoridades comunales y jueces de paz, conciliaban hechos de violencia; pero con esta nueva norma está totalmente prohibida la conciliación de hechos de violencia”, refirió.
La Ley 30364 fue publicada en el diario El Peruano el 06 de noviembre de 2015, fecha desde la que se prohíbe conciliaciones de actos de violencia por parte de los jueces de paz no letrados.
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