La Contraloría General detectó la presencia de productos farmacéuticos vencidos (almacenados y distribuidos) que fueron adquiridos por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Puno ocasionando un perjuicio económico por S/ 432,983.24.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 1570-2019-CG/GRPU, los medicamentos que se encontraron vencidos corresponden a ocho distintos tipos: Atropina sulfato, Dexametasona fosfato, Diclofenaco sódico, Ergometrina maleato, Eritromicina etilsuccinato, Penicilina G procaínica, Oxitocina y Poligelina.
La directiva del Sistema Integral de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico Quirúrgicos (SISMED), los Informes de Consumo Integrado (ICI) constituyen un criterio para que la entidad, a través de la DIREMID, consolide y evalué técnicamente los requerimientos de los diversos servicios o dependencias usuarias.
Sin embargo, los servidores de la entidad, en omisión de sus funciones, realizaron una deficiente programación de compras corporativas anuales de medicamentos para los periodos 2014 y 2015; las cuales se realizaron en cantidades superiores sin tomar en consideración el consumo promedio y stock conforme señala la norma específica para el abastecimiento de los establecimientos de salud de la región Puno.
Asimismo, se detectó que los instrumentos de gestión de la Dirección Regional de Salud no están actualizados y no cuenta con un reglamento interno de trabajo ni directivas internas, lo cual genera que el personal de la entidad no tenga funciones específicas para ejercer sus labores asignadas.
Además la entidad cuenta con legajos de personal que están incompletos, no actualizados, y en algunos casos no cuenta con los mismos, lo cual genera restricciones a la información actualizada del personal.
Los auditores también detectaron que se realizaron transferencias definitivas de productos farmacéuticos a otras unidades ejecutoras sin contar con documentación sustentante y con fechas de expiración inferiores a seis meses.
Por ejemplo, el pasado 27 de junio de 2018, se efectuó una donación del producto farmacéutico Diclofenaco a la sanidad de la Policía Nacional del Perú, que recibió 15,000 unidades del producto que vencía el 30 de junio del 2018, es decir a tres días de su vencimiento.
Finalmente, el informe recomienda poner los resultados de la investigación en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de asuntos judiciales de la Contraloría General para que inicie las acciones legales contra siete personas, de las cuales seis son exfuncionarios y una mantiene vínculo laboral con la entidad, a las cuales se les determinó presunta responsabilidad civil y administrativa.
Al titular de la entidad se le recomienda disponer el inicio de acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Dirección Regional de Salud de Puno, comprendidos en la observación única, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General.
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