Por: Sandra Oré Murillo
La inversión privada es siempre bien recibida y fomentada por el Estado, destacando la minería como una actividad que al aportar el 9% del Producto Bruto Interno (PBI), es defendida por el Poder Ejecutivo, pese a haber proyectos que despiertan conflictos por el rechazo de los pueblos ubicados en sus cercanías.
Así ocurre con Tía María de la transnacional Southern Perú Copper Corporation, que ha generado paros y protestas de rechazo en el valle de Tambo, zona netamente agraria, donde se ubica la mina. Allí, desde el 2013 en que iniciaron las charlas informativas, todo está supuestamente paralizado.
Esta experiencia no la quiere ninguna compañía minera, pero, en estos tiempos de justificada defensa ambiental y licencia social, no se puede evitar. En esta coyuntura, se presenta el Proyecto Zafranal situado en los distritos de Huancarqui y Lluta, entre las provincias de Castilla y Caylloma, que extraerá cobre y oro en dos enormes tajos abiertos, intención que ya despertó inconformidad en la zona de influencia.
DIÁLOGO
Hugo Martínez, gerente de comunicaciones del Proyecto Zafranal pone “paños fríos” y señala que están en un “proceso de construcción de confianza” que se hizo evidente entre junio y octubre recientes, cuando invitaron a 440 representantes a 33 visitas guiadas, además que más de 400 pobladores asistieron a tres talleres y cinco reuniones informativas, números que contrastan con los más de 70 mil residentes en las áreas de influencia directa preliminar, que comprende a los pueblos de Huancarqui, Lluta, Corire, Anexo Pedregal y Majes-Pedregal.
Pero ni el mencionado acercamiento social, ni la ubicación del proyecto a más de 20 kilómetros de los centros poblados, ni la próxima apertura de dos tajos; el denominado Zafranal de 2.5 kilómetros de largo por uno de ancho y el tajo Victoria de 600 metros de largo por 670 de ancho, ni el uso de agua subterránea salobre o de mala calidad, generan aún esa confianza.
RECHAZO
Para el dirigente del Frente de Defensa del Distrito de Huancarqui, Juan Carlos Barberena, las cosas no están claras. Cuestiona que, para comenzar, la minera no explica los gastos hechos desde hace 10 años en que inició la exploración, que ascenderían a 100 millones de dólares, pese a los constantes pedidos de organizaciones locales. Denuncian también contratos irregulares y pagos indebidos. Lo peor, lamenta, es que los alcaldes de los pueblos que serán afectados por la extracción minera, están respaldando a la empresa, dándole la espalda a los ciudadanos que los eligieron.
OTRO “TÍA MARÍA”
Barberena duda igualmente de la entrega de información certera sobre el proyecto a toda la población. Recuerda las observaciones halladas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María y pese a ello, ser avaladas por el Estado, temiendo que ocurra lo mismo con Zafranal. Cuestiona que no se den más explicaciones sobre el uso del agua para las extracciones y que los tajos abiertos utilicen tecnología tradicional que será contaminante, lo que ha ocasionado que la mayoría esté contra el proyecto. “Al final, con el valle contaminado todo será irremediable”, finalizó.
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