La Justicia argentina condenó este lunes a dos sacerdotes y un jardinero por el escándalo de abusos sexuales a niños hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de la provincia de Mendoza, dependiente del Vaticano. Se trata del cura italiano Nicola Bruno Corradi Soliman, su colega Horacio Hugo Corbacho Blanck y el empleado Armando Ramón Gómez Bravo, quienes recibieron 42, 45 y 18 años de cárcel, respectivamente.
Los acusados fueron imputados por 25 hechos relacionados con abusos, y habían sido denunciados por diez personas. En cuanto a los antiguos miembros del clero, muchos de los delitos juzgados fueron agravados por tratarse de “ministros de un culto” y “responsables” del instituto en cuestión, sumado a que las víctimas eran menores de edad.
El juicio, que comenzó el 5 de agosto de este año, tuvo 49 jornadas previas a la sentencia y contó con 42 testigos. Antes de conocer la resolución judicial, los acusados se negaron a emitir declaraciones en la audiencia matutina.
Corradi Soliman, de 83 años —también implicado en casos de corrupción de menores en la ciudad de La Plata (Argentina) e Italia—, ya cumplía prisión domiciliaria, mientras que Corbacho Blanck (59) y Gómez Bravo (49) estaban detenidos en el Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer de Mendoza, aguardando el veredicto.
Inicialmente, el Ministerio Público Fiscal había solicitado penas de 45 años para los sacerdotes y 22 para el trabajador. La ONG Xumek, que se presentó como querellante, había planteado 50 años de reclusión para Corbacho —implicado en 16 delitos—, y 15 para los otros dos involucrados.
Por otro lado, el exmonaguillo Jorge Bordón ya había reconocido su culpabilidad y en 2018 fue condenado a diez años de cárcel por haber abusado de cinco menores.
Una de las víctimas que narró los abusos, Ezequiel Villalonga, actualmente de 18 años, había declarado a la AFP al inicio del proceso judicial que “era muy mala la vida ahí adentro” del instituto de Próvolo. El Próvolo fue cerrado en 2016 a raíz del escándalo.
“Nosotros no aprendíamos nada, no teníamos comunicación, no sabíamos lengua de señas, escribíamos y no sabíamos qué, preguntábamos a otros compañeros y, también, nadie entendía nada”, dijo Villalonga.
El rol de la Iglesia Católica en el caso
Tras hacerse público el escándalo del Próvolo, el Vaticano —bajo la dirección del papa Francisco— envió a dos curas para investigar los casos por su cuenta, de forma paralela a la Justicia argentina, una práctica habitual en la Iglesia ante esta clase de situaciones.
No obstante, aquellos representantes de la Santa Sede, Dante Simón y Juan Martínez, fueron denunciados por abogados querellantes y otras agrupaciones dedicadas a casos de abusos al considerar que ocultaron datos sensibles sobre los delitos, o que no aportaron información a las autoridades sudamericanas. Los fiscales, sin embargo, no dieron lugar a las denuncias contra los enviados del papa.
Por su parte, Simón y Martínez explicaron en entrevistas que ellos estaban disponibles si las autoridades judiciales requerían sus aportes. A su vez, aclararon que así como existe el secreto de sumario en la Justicia tradicional, la Iglesia tiene su secreto canónico, a menos que los jueces soliciten información.
Con información de RT y AFP
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