Tras presentar una denuncia contra el alcalde de San Miguel, además de su asesor jurídico, procurador y seis regidores por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de funciones, y por omitir procesos en contra de un extrabajador de la unidad de Serenazgo, los pobladores de esta nueva jurisdicción de la provincia de San Román piden celeridad al Ministerio de Público en las investigaciones.
Lucio Juárez Pacoricona, poblador del distrito y quien presentó la denuncia, señaló que se debe agilizar el proceso, a fin de sancionar el suceso irregular del exfuncionario Marco Antonio Ochoa Cerpa, el cual fue descubierto tomando bebidas alcohólicas en su oficina, el 22 de junio pasado.
Sostuvo que, por oficio, el procurador debía hacer la denuncia, pero que el tema fue debatido en una sesión de concejo, donde se negó autorizar al procurador proceder con las investigaciones correspondientes.
En ese sentido, mencionó que habría una especie de encubrimiento, toda vez que usar un inmueble o bienes pertenecientes al Estado se considera delito. Acotó que hará el seguimiento hasta las últimas consecuencias.
Por su parte, el vecino Alejandro Yana Casella cuestionó a los dirigentes del nuevo distrito por omitir su función de fiscalización, ya que se estarían presentando una serie de hechos anómalos en la municipalidad que no son criticados como deberían.
En ese sentido, exigió resolver la queja interpuesta a los actuales funcionarios, pues “lo que se quiere es transparencia en el manejo de la administración” y no el encubrimiento.
El 07 de noviembre, en sesión de concejo, se acordó no autorizar al subgerente de Acceso a la Información y Comunicaciones, otorgar información a regidores del caso en mención.
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