La construcción del nuevo hospital para la región continúa en suspenso por las controversias registradas durante el proceso de licitación: primero, en la gestión de Walter Aduviri y después, y más polémica, en la gestión de Agustín Luque Chayña.
Esta redacción accedió al documento íntegro de la apelación presentada por Elizabeth Vargas Guevara, representante del Consorcio Vial Jayllihuaya, ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, el pasado 19 de noviembre.
Mediante este recurso, Vargas Guevara pide que se anule y descalifique la licitación pública número 003- 2019, en la que se le otorga la buena pro a la empresa Pizzarotti, de modo que ejecute el Proyecto de Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de la ciudad de Puno.
Según la apelación, la empresa Pizzarotti adolece de algunos componentes básicos que deben determinar su descalificación.
Uno de ellos, y el más contundente, es que el documento emitido por la empresa de seguros La Positiva no cumple con lo requerido en las bases y por lo tanto no acredita que el ganador de la buena pro cuente con la capacidad y solvencia económica para ejecutar el nuevo hospital.
En el punto 5 del expediente de apelación de 1463 folios, se detalla que el postor Pizzarotti presentó una carta de la compañía de seguros La Positiva, en el que dice: “(…) Una línea de crédito aprobado y vigente por un importe de hasta S/. 713.000.000.00 (Trecientos trece millones de soles) en el producto de carta fianza. La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de La Positiva”.
Este documento que presentó Pizzarotti en su oferta, pretende acreditar como “Línea de crédito”, lo cual no es de libre disponibilidad y, más por el contrario, está condicionado a normas de la empresa aseguradora.
Este punto es el que vulnera las bases integradas, que exigen tácitamente que la línea crediticia sea de “libre disponibilidad” y no de algún otro tipo de condicionamiento, tal como lo detalla en el documento presentado por Pizzarotti.
El consorcio apelante, además, adjunta resoluciones anteriores del Tribunal de Contrataciones del Estado, donde en similares situaciones anula el otorgamiento de la buena pro a una empresa que no certificó su línea crediticia.
Una de estas resoluciones es la 2380, del 20 de agosto del 2019, donde el Tribunal de Contrataciones revoca la buena pro al Consorcio Guimac, que tampoco acreditó válidamente su línea crediticia para una obra valorizada en más de 2 millones de soles en la región Tumbes.
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