GESTIONAN DECLARATORIA PARA DETENER SUICIDIOS Y FEMINICIDIOS
Por: Sandra Oré Murillo
En lo avanzado del año ocurrieron 48 suicidios y ocho feminicidios en la región, por lo que el colectivo Umanos junto a otras organizaciones, consolida el sustento técnico para lograr la declaratoria en emergencia de la salud mental.
Fiorella Matos, vocera de Umanos, indicó que dicho reporte sumado a los casos de maltrato familiar convierten a Arequipa en la segunda región más violenta del país, comprometiendo al gobierno regional a que tome medidas preventivas necesarias.
Al momento, -continuó- se recopila información sobre la incidencia de feminicidios, suicidios, agresiones físicas y psicológicas en la familia, casos de bullying en los colegios, entre otros reportes para presentar la iniciativa al consejo regional el 17 de diciembre.
De lograrse la declaratoria, informó, se tomará acciones para prevenir el maltrato en distintos ámbitos como las instituciones educativas, donde se incluirá el curso de control de las emociones.
Otras medidas que se aplicarían será delegar a más psicólogos en los centros educativos, informar en las entidades públicas y estatales sobre el estrés laboral y desarrollar campañas de prevención y sensibilización, por mencionar algunas.
Matos destacó que las intervenciones preventivas son importantes, especialmente en los colegios, tomando en cuenta que el 20% de los 385 suicidios reportados en el Perú en 2018, es decir, unos 77, fueron cometidos por menores con edades entre los ocho y catorce años.
A ello se suma que por cada suicidio, hubo en promedio cerca de 20 tentativas anteriores, sin que hubiera un soporte emocional que respaldara a las víctimas, anotó.
Hay que señalar que además de los ocho feminicidios reportados este año en Arequipa, los Centros de Emergencia de la Mujer (CEM) registraron hasta octubre pasado, 13 mil 327 denuncias por maltrato físico, psicológico, sexual, económico y patrimonial.
Solo en el tema de violencia física, las cifras evidencian un incremento de 25% con relación al año anterior, según el Ministerio de la Mujer.
Para Matos, este panorama obliga a que el gobierno regional asuma el compromiso de aprobar la declaratoria y fomentar la aplicación de las medidas que conlleve la misma.
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