Por: Alejandra Dinegro Martínez
Escribo esta columna porque me avergüenza escuchar a cierto sector de la prensa limeña, insinuar que los escolares que se movilizaron hace unos días, son unos “payasos”. Y nuevamente –ante calificativos tan ligeros- hay que hacer pedagogía para explicar que es muy fácil opinar desde el privilegio.
Quien no ha tenido nunca que elegir entre pagar el pasaje o algo para comer no entiende lo que es vivir con la tensión de estirar el sueldo para pagar la universidad o el colegio, y cuando no se puede hacer, muchas familias recurren al endeudamiento que termina, muchas veces, afectando la tranquilidad y la salud mental de la familia.
Pasemos a entender cómo vivimos en el Perú. Un trabajador gana el sueldo mínimo de 930 soles, más los descuentos de ley, al mes recibe entre 850 u 890 soles. En promedio gasta entre 200 y 300 soles mensuales en transporte. Con lo cual, para poder mantener una familia o mantenerse así mismo, solo cuenta con 500 a 600 soles, líquidos.
Un padre o madre de familia, a su sueldo mínimo, debe descontarle los gastos en educación (útiles escolares, uniformes, celebraciones), salud (al menos lo básico), alimentación (desayuno, almuerzo, cena), servicios básicos (agua y luz), vivienda (alquilada, como la mayoría de las familias con bajos ingresos) y la recreación de los hijos.
¿Ya nos dimos cuenta, que no alcanza verdad? Entonces, cómo no quieren que se proteste desde la indignación, desde la rabia, cuando vivimos las 24 horas del día a salto de mata con nuestros ingresos. Mientras que, por el otro lado del país, los servicios públicos son pésimos, los jóvenes nos endeudamos por años con pagar una universidad, nos hacen pagar derecho de piso desde estudiantes y más aún, al ingresar –por primera vez- al mercado laboral.
Ese cuestionamiento que nos hacemos todos y que estos estudiantes lo han expresado hace unos días cuando protestaron en una Estación del Metropolitano, es la expresión más clara del país parchado que somos. Dónde gran parte de los programas sociales no resuelven los problemas de fondo y en algunos casos, acrecientan la desigualdad.
Que no nos asusten, hay indignación, hay hambre de justicia y más aún cuando América Latina arde. A pesar de esta crisis institucionalizada y estructural, la población viene organizándose, viene denunciando el afán privatizador del Estado, la flexibilidad como norma para regular los derechos laborales, medidas que permiten elusiones tributarias y una la repartición de la riqueza de nuestro país.
No solo es tiempo de despertar, es tiempo de cambiarlo todo. Lo podemos hacer, necesitamos hacernos justicia como comunidad, como ciudadanos. Necesitamos decirles adiós a una argolla que ha controlado el Congreso durante los últimos 27 años. Necesitamos desbloquearnos y avanzar como país, exigir mayor presupuesto para la educación, salud y trabajo. Necesitamos cambiar las reglas de juego y hacerles saber a los funcionarios corruptos y a los jefes abusivos, que con nuestro esfuerzo y el de nuestras familias, no se juega.
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