El juez Richard Concepción Carhuancho resolverá este miércoles el pedido de la defensa para archivar o no la acusación vinculada a los presuntos aportes de Venezuela entregados para la campaña electoral de 2006 del expresidente Ollanta Humala.
La solicitud de la defensa se dio en medio de las audiencias por el control de acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, a quienes se les imputa el presunto delito de lavado de activos. El fiscal Germán Juárez pidió 20 y 26 años de prisión, respectivamente.
Para la fiscalía, Ollanta Humala habría recibido dinero del gobierno de Venezuela durante el régimen de Hugo Chávez. Las coordinaciones habrían sido hechas por Nadine Heredia.
El fiscal Germán Juárez consideró que “el Ministerio Público cree que tiene un caso bastante sólido y creo que van a declararse infundadas las pretensiones de Ollanta Humala, Nadine Heredia y los otros abogados para pasar a otro tema que son los medios probatorios y concluir así con esta etapa intermedia, para ir el próximo año a juicio oral”.
“El miércoles va a ser una audiencia importante porque el juez se va a pronunciar sobre nuestros pedidos de archivamiento de algunos extremos de esta investigación por ejemplo en el caso de Venezuela”, señaló, por su parte, Wilfredo Pedraza, abogado de Heredia.
El letrado consideró que el supuesto aporte de Venezuela tendría que ser investigado y resuelto en el ámbito administrativo. Pedraza añadió que recién desde agosto de este año el financiamiento ilegal es considerado como delito.
“Si se ha entregado dinero para campaña política estamos hablando de un aporte de campaña para la empresa privada a privados sin que se haya comprometido ningún recurso de carácter público, ese supuesto aporte tendría que resolverse aplicando el procedimiento que existe en la ley de partidos políticos, recién desde agosto se ha tipificado el delito de financiamiento ilegal, desde agosto para atrás cualquier asunto vinculado a financiamiento es una conducta atípica y solo debería investigarse y sancionarse en el ámbito administrativo”, sostuvo
Fuente. El Comercio
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