Por: Bruno Calsín
Tras la última reunión entre el ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro Chavesta, con el gobernador regional encargado de Puno, Agustín Luque Chayña, y el gobernador regional de Tacna, Juan Tonconi, surgen muchas interrogantes respecto del porqué hasta ahora no se interpusieron las acciones legales para frenar el proyecto Vilavilani II, en territorio tacneño.
El Gobierno Regional de Puno (GRP), en efecto, no ha emitido ningún comunicado de esta reunión, mucho menos informó los acuerdos o temas que se trataron en ella.
Solo se conoció que el objetivo de dicha cita, efectuada el último viernes, era buscar un entendimiento y solución a las diferencias que paralizan la ejecución del proyecto Vilavilani II – Fase I, en su primer componente: construcción del canal de conducción de Vilachaullani – Calachaca – Chuapalca.
Santiago Molina Lazo, procurador regional de Puno, confirmó que hasta la fecha no se realizaron las acciones legales en contra del proyecto Vilavilani. En su momento, la región de Puno interpuso una acción de amparo en contra del proyecto primigenio, que comprende 5 componentes; sin embargo, esta vez solo se inició un componente.
En ese sentido, Molina dijo que para efectos de garantizar un resultado positivo a nivel judicial, es necesario e indispensable recabar toda la documentación del primer componente del proyecto, del cual ya se celebró el contrato. “Hasta la fecha no nos han proporcionado los actuados de todo el proceso donde debe contemplar licencia social y estudio de impacto ambiental”, dijo.
Además, mencionó que ante la negativa de las autoridades vecinas, “nos vemos en la obligación de viajar a la ciudad de Tacna a efectos de recabar información”, lo cual servirá de base para el inicio de las acciones pertinentes y asegurar un resultado judicial favorable para Puno. “Se prevé viajar en esta semana”, aseguró.
“No nos explicamos cómo han actuado el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental al otorgar un certificado ambiental”, dijo. “Es más, lo que ha presentado la empresa es un certificado vencido, por ello ha intervenido la Fiscalía del Medio Ambiente, a fin de exhortar la suspensión del contrato del proyecto”, acotó.
Finalmente, indicó que es importante que se reúnan los gobernadores regionales de Puno y Tacna, para que den a conocer los pormenores del proyecto; sin embargo, aseguró que no tiene conocimiento de la última reunión de Agustín Luque con Juan Tonconi, aunque saludó la iniciativa para solucionar los conflictos.
Algo más:
Santiago Molina dijo que sí existe un compromiso de la suspensión de este proyecto o que los acuerdos sean satisfactorios para la región Puno; Procuraduría tomará en cuenta estos puntos antes de plantear la medida cautelar.
Las autoridades no velan por los intereses de Puno
Puno. Rubén Calizaya Zevallos, representante de la sociedad civil, señaló que el procurador del Gobierno Regional de Puno, Santiago Molina Lazo, aún no presentó al Poder Judicial una medida cautelar contra el proyecto de “Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para el desarrollo agrícola en el valle de Tacna, Vilavilani II, Fase I”.
En ese marco, Calizaya aseguró que el proyecto pretende beneficiar la actividad minera; además, cuestionó a los integrantes del equipo técnico de Demarcación Territorial del GRP, ya que no han socializado el proyecto. Es más, dijo que las autoridades regionales pretenden “traicionar” a la región de Puno.
Según manifiesta, solicitan la inmediata acción de parte de la Procuraduría Regional, a fin de interponer la medida cautelar. “No estamos en contra de los proyectos, si quieren trasvasar aguas, que lo hagan de la zona de Tacna, mas no de Puno”, aseguró.
Por último, señaló que el próximo 7 de enero tendrán un encuentro macrorregional en cusco, donde abordarán este tema.
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