Subprefectura es base para hacer campaña política

Por: Bruno calsín

A menos de 12 días de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, los candidatos no pierden ni un solo espacio para efectuar sus reuniones proselitistas, incluso utilizando ambientes del Estado, como el local de la Subprefectura del distrito de Zepita.

En efecto, la candidata al Congreso por el partido Unión Por el Perú, Nilda Suca, participó de una reunión con los tenientes gobernadores de este distrito en las mismas instalaciones de la Subprefectura Distrital de Zepita.

Según las fotografías publicadas por sus mismos partidarios, el hecho se habría registrado el  pasado fin de semana, aprovechando la reunión de los tenientes gobernadores.

Sin embargo, ella no sería la única candidata que pasó por las instalaciones de la subprefectura, sino también el candidato Hermes Cauna, quien no conforme con ello usó las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Zepita, donde realizó una reunión proselitista.

Lo extraño de este caso es que el candidato tuvo participación directa en la ceremonia dominical, con la venia de las mismas autoridades distritales, como los regidores.

Prohibiciones

Como se sabe, Benny Álvarez, presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Puno, manifestó que no se puede desarrollar proselitismo político en ambientes que correspondan al Estado.

Álvarez aclaró además, al respecto de ambos casos, que tal vez fueron “promovidos por los propios tenientes gobernadores; en este caso la responsabilidad, en mayor grado, recae en ellos”. Sin embargo, no descartó que los candidatos estén infringiendo las normas.

De ser así, el representante del JEE Puno dijo que se estaría vulnerando el principio de neutralidad por parte de los tenientes o del mismo subprefecto, pues estarían cayendo en el uso de los recursos públicos e incluso emitir una opinión a favor o en contra del candidato.

Finalmente, dijo que se puede abrir un proceso a quienes permitieron la presencia de los candidatos. En ese sentido, les recomendó no aprovechar los espacios de entidades del Estado, a fin de no caer en delitos de infracción al principio de neutralidad.