Por: Lourdes Calla
La Contraloría General detectó un perjuicio económico de 401 mil 749.30 soles en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Román, debido al doble pago de remuneraciones a los profesores destacados a esta jurisdicción educativa, a fin de realizar labores administrativas entre los años 2016 al 2018.
Se detectó que los maestros continuaron recibiendo su sueldo mensual de las instituciones educativas donde originalmente fueron nombrados.
Según el Informe de Servicio de Control N°018-2019-2-0741-SCE, los directores de la entidad contravinieron la Ley de Reforma Magisterial y su reglamento, ya que solo es permitido el destaque de un profesor nombrado a una plaza vacante presupuestada de la misma u otra institución educativa para desempeñar el mismo cargo y no para ocupar uno distinto al de origen, ni para realizar funciones administrativas.
DETALLES
El informe señala que entre 2016 y 2018 se dispuso el destaque de 10 docentes nombrados en instituciones educativas públicas de educación básica y técnico productiva, para realizar labores administrativas en cargos de la UGEL.
La entidad dispuso que los profesores destacados continúen percibiendo su Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la institución educativa de origen, pese a que, en calidad de empleados públicos, tenían la obligación de salvaguardar los intereses de Estado y emplear austeramente los recursos públicos; de esa manera, generaron una afectación por 345 mil 910.63 soles.
PLANILLAS
Por otro lado, se aprobaron y autorizaron las planillas para el pago de incentivos laborales a favor del personal con Contrato Administrativo de Servicio (CAS) y locación de servicios, lo cual generó un perjuicio por 55 mil 838.67 soles.
Los representantes de la Contraloría verificaron que se contrató personal por la modalidad del D.L. N°1057 (CAS) y por locación de servicios, donde el titular de entidad dispuso que al personal contratado se le dé cargos de dirección, permitiendo que reciban incentivos laborales inherentes al personal administrativo.
DATO.
La contraloría identificó a ocho exfuncionarios, cuyos nombres mantienen en reserva, quienes deberán ser sometidos a un proceso administrativo; el caso también se comunicó a Procuraduría Pública Regional, para las acciones penales.
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