Desde el inicio de la declaratoria del estado de emergencia nacional, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno, desde el 16 de marzo al 28 de mayo, día en el que declararon el estado de emergencia a nivel nacional, recibió 800 casos, entre ellos, 199 quejas, 91 petitorios y 510 consultas.
Por su parte el encargado de esta oficina, Jacinto Ticona, dio a conocer que los derechos de los ciudadanos están plenamente vigentes en el periodo de emergencia nacional, aun cuando algunos de ellos hayan quedado restringidos, en ese sentido la población no debe perder su capacidad de indignación y denunciar hechos que vulneren los derechos.
Cabe precisar que las principales quejas recibidas han sido referidas a la fiscalización de actividades comerciales, problemas con el servicio de limpieza pública, y demoras o incumplimiento en la entrega de canastas familiares.
A nivel de seguridad pública se registró la negativa a recibir denuncias, problemas en el pago de remuneraciones, y en servicios educativos, restricciones al traslado de estudiantes a otra institución educativa. También se atendieron quejas sobre la calidad en la prestación del servicio de salud y por los cobros excesivos e interrupción de los servicios públicos.
Cabe precisar que, entre las instituciones más quejadas, están las municipalidades, Electro Puno, establecimientos de salud, empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento, Dirección Regional de Salud de Puno, entre otros.
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