La oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno y el Módulo Defensorial de Juliaca, en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de agosto, han atendido 1841 casos de la ciudadanía. Entre ellos, 559 son quejas, 362 pedidos de intervención y 920 consultas.
Según la información sistematizada, las municipalidades son las instituciones más quejadas con 172 casos (23 %); seguida de las empresas prestadoras de electricidad con 82 (11 %); la Dirección Regional de Educación con 63 (9 %); el Gobierno Regional con 53 (7 %); los centros médicos con 40 (5 %). Asimismo, se recibieron quejas contra el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con 36 casos (5 %), y las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, con 35 (5 %).
De las 110 municipalidades que tiene la región altiplánica, las comunas provinciales de Puno y Carabaya fueron las que acumularon mayor cantidad de quejas debido, entre otros temas, a la vulneración de los derechos laborales y acceso a la información pública, así como problemas de fiscalización de las actividades comerciales.
Durante este periodo, la institución advirtió a las autoridades educativas que muchos de las y los estudiantes del nivel inicial, primario, secundario y superior, no pudieron acceder por falta de equipos a las clases virtuales. Asimismo, se señaló que en muchas localidades no existe señal de radio ni de internet. De acuerdo a un informe reciente de la Dirección Regional de Educación de Puno (DREPUNO) se estima que desertaron más de 20.000 estudiantes.
Uno de los casos relevantes de limitación al derecho a la educación se produjo en la comunidad de Kantati Ururi del distrito de Cojata, provincia de Huancané frontera con Bolivia donde los escolares no pudieron acceder a la cobertura radial a fin de tener acceso a la estrategia “Aprendo en Casa”.
En ese sentido, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno exigió a la DREPUNO articular esfuerzos entre los sectores involucrados a fin de garantizar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes.
El derecho a la salud también fue afectado en este periodo, evidenciándose restricciones e interrupciones en la atención. Los hospitales Manuel Núñez Butrón, Carlos Monge Medrano y EsSalud Puno son los que registran la mayor cantidad de quejas debido al déficit de profesionales de salud para enfrentar el COVID-19.
Cabe indicar que, varios médicos pidieron licencia por tener alguna comorbilidad o superar los 65 años de edad. Ante esta situación, la institución demandó adoptar, de manera urgente, acciones que permitan continuar la atención de pacientes.
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