Entre Líneas con Carlos Peña Julca
Conocidos los más de 24 candidatos presidenciales, ya se avizora un panorama de disputa entre varios modelos económicos: el modelo neoliberal renovado que encarna el empresario Rafael López Aliaga, el socialista representado por Verónica Mendoza, el populismo mercantilista de Keiko Fujimori y Hernando Soto, el populismo autoritario de Daniel Urresti, y el modelo de economía social de mercado que el candidato George Forsyth pretende convertir en realidad.
Pero hay algo que preocupa y es que los “connotados” Nano García y Barnechea, no conocen cómo vive el populorum, no saben cuánto es el sueldo mínimo. Claro para ellos eso no existe; entonces habría que preguntarse ¿a quiénes representan personas como Nano Guerra (Fuerza Popular) o Barnechea (Acción Popular)? ¿A la mayoría del Perú que quiere cambios? ¿A la mayoría que está harta de los de siempre y a los y las trabajadoras que se fajan a diario para alimentar a sus familias con un sueldo mínimo vital? NO. Representan a las élites empresariales, limeñas y privilegiadas de siempre, a los que nos han robado siempre, a los que han abusado siempre y que ni saben cuánto es el salario mínimo.
Los amigos mercantilistas esta vez no vendrán disfrazados de liberalismo económico, sino que -en consonancia con épocas pandémicas- vendrán tapados con una mascarilla populista, a fin de evitar que se note cómo se piensa llevar el agua al molino de grupos de poder específicos.
La candidatura de Hernando de Soto es un buen ejemplo de cómo, bajo la mascarilla de la entrega de títulos de propiedad, se piensa llevar agua al molino de grupos monopolistas y grupos mafiosos vinculados a la minería ilegal, la tala ilegal, etc.
Para empezar, su propuesta de entregar títulos de propiedad a invasores de tierras urbanas está diseñada para favorecer a traficantes de tierras, ensambladores de asentamientos humanos sin planeamiento urbano y acondicionamiento territorial previos. Su propuesta de desregulación de la minería informal y permitir las invasiones de concesiones mineras inactivas por parte de mineros informales. Y para colmo, también propone que esos mineros paguen apenas 1,5% de sus ventas como único impuesto, en lugar del 4% actual, y que los delitos de minería ilegal sean excluidos como tales del Código Penal.
Pero cuál es el interés de Hernando de Soto? Si sabemos que los principales economistas del mundo, incluyendo a los del FMI, están de acuerdo en que a mayor desigualdad en la distribución del ingreso menor desarrollo. El crecimiento económico que no acorta la desigualdad en algún momento se apaga y ahí es cuando la conflictividad social añade leña a la hoguera al entrampar la inversión.
En nuestro Perú una familia pobre tarda más generaciones en prosperar que en Ecuador, Colombia, Panamá o Brasil. Para cambiar esta situación se requiere aumentar la magnitud y calidad de la inversión pública en infraestructura y del gasto en educación y salud. Resulta que justamente estos tres rubros concentran gran parte de las pérdidas sociales por corrupción.
Como se sabe la corrupción es un mal endémico que históricamente ha significado una pérdida en el presupuesto público y el PBI. El escándalo de corrupción Lava Jato nos ha enseñado cómo es que se tejen estas vinculaciones entre grupos empresariales y criminales con autoridades electas, a partir de acuerdos tramados desde la financiación de las campañas electorales de los partidos políticos.
No creamos que tras el escándalo estas prácticas han culminado. Los sobornos son solo una de las expresiones de este entramado de intereses, que no salen de las utilidades de las empresas coimeras sino de los sobrecostos y sobredimensionamiento de compras y obras públicas.
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