Luis F. Vilcatoma Salas
Un Congreso de golpistas golpeados seriamente por la movilización popular, se ha visto obligado a elegir -de tripas corazón- un nuevo Presidente de la República: Francisco Sagasti. El escenario donde ha de bregar este Gobierno de Transición no es nada fácil. Para empezar, los golpistas seguirán allí hasta el mes de julio del año 2021, cuando dejen la silla congresal a quienes, fruto de las elecciones de ese año, sean elegidos para reemplazarlos, lo mismo que Francisco Sagasti en su calidad de presidente del Perú. Si las movidas que llevaron al descalabro de la conjura que le puso la banda presidencial a Merino el “breve” tuvieron exigencias concretas, como la devolución populista de dineros de la AFP y de la ONP, la modificación de la Ley Universitaria, especialmente en las atribuciones de la Sunedu, el control del TC así como de la Fiscalía, el Poder Judicial y otros organismos del Estado, con el vil propósito de escabullir juicios, detenciones provisionales y posiblemente cárcel en el contexto de las investigaciones Lava Jato y Odebrecht; si tuvieron esas exigencias, lo más probable es que resuciten con sangre en el ojo, apenas se avizore la posibilidad de presión sobre el nuevo Ejecutivo.
Esto, en medio de una mayor crisis interna de ese remedo de partidos políticos que tenemos; una crisis económica más resentida; una emergencia sanitaria con miles de fallecidos por el coronavirus; incremento alarmante del desempleo, inseguridad social y la quiebra de unidades productivas, amén de la amenaza de una segunda ola de contagio que, de no tener una canalización adecuada, podría terminar mandándonos al fondo de un agujero difícil de superar.
El reto que tiene el Ejecutivo es cómo dialogar y mediar en relaciones de diálogo para consensualizar estrategias, políticas y acciones que, en el corto plazo, permitan avanzar con un mínimo de legitimidad social, garantizando el cumplimiento estricto del cronograma electoral así como una línea de base material y subjetiva en la cual pueda apoyarse el siguiente gobierno. Adicionalmente a ello, se debe buscar el equilibrio en la relación Ejecutivo-Congreso, Estado-sociedad popular, gobierno-empresariado, gobierno central-subregiones, capital-trabajo, etc. ¿Será posible? ¿Será un equilibrio por necesidad de la transición u orientada más bien a un nuevo ordenamiento social vía una nueva Constitución Política?
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