Luis F. Vilcatoma Salas
El rasgo dominante en lo social, durante los últimos días, ha sido y es el bloqueo de carreteras, especialmente la Panamericana Norte y Sur, por trabajadores asalariados de las empresas agroindustriales y agroexportadoras. Un reclamo que tiene como punto nodal el incremento remunerativo de un salario de hambre de poco más de treinta soles diarios a, por lo menos, setenta soles diarios; y que se ha extendido en escasos días bajo la modalidad de un bloqueo “hormiga” que ha paralizado cientos de unidades móviles y pasajeros adultos, hombres, mujeres y niños, sanos y enfermos, con el añadido de vehículos destrozados, infraestructura dañada y desesperación de gente que no puede llegar a su destino.
¿Cuál es la lógica de un bloqueo de estas características? ¿Cuál es el sentido de paralizar el flujo masivo de la gente? El conflicto social de marras presenta el esquema fluido de un triángulo con tres actores: el gobierno, los demandantes bloqueadores y el público contextual a la relación conflictiva entre el actor gobierno y el actor demandantes. Cuando se produce el bloqueo, la afectación al público contextual (el público que se traslada en unidades de servicio público o particulares) tiene un implícito doble sentido apoyado en el malestar social que experimentan los bloqueados: posibilitar el apoyo de estos en un efecto carambola donde el primer actor, el Gobierno central, se constituya en el foco de reclamo de todos (bloqueadores y bloqueados).
El segundo sentido es que el sufrimiento de los bloqueados, más allá de si apoyan o no al Gobierno central, se convierta en sí mismo en un medio de presión a quienes tienen que resolver las causas del conflicto. El problema capital en todo esto es que los actores terceros (público contextual) se transforman en esta relación triangular en un sufriente objeto o simple instrumento humano de los bloqueadores. Son cosificados (vueltos cosas) y pierden humanidad, se vuelven cosas instrumentadas por una voluntad ajena a su propia mismidad (condición de ser uno mismo), a disposición de quienes tienen el control material de las condiciones del tránsito y de la fuerza que oprime y castiga el cuerpo en su integridad física, espiritual y psicológica.
No se duda de que esta forma de protesta es funcional operativamente ante un Estado y gobierno debilitado en su capacidad institucional; pero no se puede poner en entredicho, también, que es absolutamente antiética e inmoral. Ninguna voluntad de cambio o resarcimiento de derechos se impone, menos aún con la fuerza material institucional y legal (Estado) o circunstancial (sociedad); porque para ser cambio debe ser compartida, concienciada, persuadida y ganada.
Comentario sobre post