Arequipa. La fiscal superior penal Miriam Herrera Velarde terminó su gestión como presidenta de la Junta de Fiscales con una demanda judicial que la acusa de no respetar los derechos constitucionales del ciudadano Leonardo Gálvez Muñiz. El pasado 21 de febrero la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA) dio su fallo confirmando la sentencia de primera instancia que ordenó que se cumpla con entregar la información en los términos que fue solicitada.
La fiscal superior Herrera Velarde fue ratificada el 16 de marzo de 2017, según el portal web de la Junta Nacional de Justicia cada 3 años y 6 meses. Esta institución estatal junto con la Academia de la Magistratura deben realizar la evaluación parcial de desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles. Esta evaluación es pública y durante este proceso los ciudadanos pueden presentar tachas u observaciones al desempeño de los fiscales y jueces.
La sentencia a la que tuvimos acceso seguramente será de conocimiento del colegiado que revisará el desempeño de Herrera Velarde.
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EL PEDIDO
Leonardo Gálvez Muñiz fue trabajador de la minera Cerro Verde, él participaba del grupo de WhatsApp que los trabajadores sindicalizados habían formado para conversar sobre varios temas, entre ellos de la actitud de la patronal.
Gálvez hizo un comentario relacionado a la distribución de las utilidades, este fue de conocimiento del responsable de Recursos Humanos de la citada empresa, la opinión de Gálvez no habría sido del agrado del funcionario de dirección de la minera. A Gálvez le abrieron proceso disciplinario y lo despidieron. En 2018, Gálvez denunció a los directivos de Cerro Verde de violar el secreto de sus comunicaciones.
La denuncia penal no prosperó, es más, el extrabajador estaba indignado y comentó que la fiscal a cargo de esa indagación no hizo ninguna diligencia y envió al archivo el caso, en aquel entonces dijo que apelaría esa decisión.
Gálvez y su abogado Ricardo Gutiérrez Llerena se enteraron de que en el año 2017, la fiscal superior, que por ese entonces se desempeñaba como presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, pidió donaciones de la empresa minera, las mismas que fueron entregadas. A Gutiérrez le pareció antiético que el Ministerio Público de Arequipa pida regalos a una empresa privada que después fue denunciada penalmente. Como era de esperarse Gutiérrez y su patrocinado desconfiaban del Ministerio Público.
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“Las denuncias en contra de la empresa minera Cerro Verde casi nunca prosperan”, dijo Gutiérrez en aquella oportunidad al semanario VP.
Enterado de las donaciones hechas por la mina, pidió a la presidenta de la Junta de Fiscales, Miriam Herrera, al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entregue “copias debidamente certificadas, por su representada, respecto de los contratos de donación u otros celebrados entre su entidad, es decir, el Ministerio Público – Distrito Fiscal Arequipa, con la empresa minera Sociedad Minera ‘Cerro Verde’ S.A.A., durante los años 2010 a la fecha Nov. 2018”.
EL PROCESO
La demanda terminó en el despacho de la jueza Karina Apaza del Carpio. El procurador del Ministerio Público fue quien contestó la demanda en contra de la fiscal superior Herrera Velarde y señaló que sí entregó los documentos que le fueron solicitados por Gálvez.
“Por disposición de la Sra. Fiscal Superior de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa – Miriam Herrera Velarde, se cumple con notificar en original el proveído recaído con registro Nro. 12745-2018, de fecha 15 de noviembre de 2018, a folios (11), en respuesta a lo solicitado en fecha 6 de noviembre del presente, a fin de que tome conocimiento”, se lee en el fallo judicial de primera instancia”.
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Sin embargo, Apaza del Carpio notó que lo que se había entregado a Gálvez fueron copias simples cuando él solicitó certificadas; por ello declaró fundada la demanda constitucional de Habeas Data interpuesta por Gálvez y el abogado Ricardo Llerena.
Esta decisión fue apelada. Herrera Velarde señaló que no entregó las copias certificadas solicitadas porque Gálvez no pagó la tasa estipulada para documentos certificados. Los magistrados de la Primera Sala Civil, en su sentencia expusieron que no se advierte que la demandada haya requerido el pago de la tasa correspondiente y confirmaron el fallo de la jueza de primera instancia.
El actual presidente de la Junta de Fiscales debe cumplir con el mandato judicial y entregar las copias certificadas que Herrera no quiso entregar.
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