Por Erika Romero Díaz
Arequipa. La diferencia de salarios entre los servidores con la misma categoría, contratados por la Contraloría General de la República, es una de las causas por las que la oficina regional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) le impuso una multa de 102 mil 720 soles. Según el acta levantada por el inspector laboral, esta diferencia en los sueldos afectó a 86 trabajadores en Arequipa.
Los abogados de la Contraloría impugnaron la primera resolución de sanción pero no lograron nada. El 10 de enero de 2020, el intendente regional Edward Venero Ramos, firmó una resolución que confirmó la multa y dio por terminado el proceso administrativo sancionador por haber cometido dos infracciones laborales.
Con esto último, solo le queda dos caminos: pagar la multa o iniciar un proceso judicial para anular la decisión de la Sunafil.
A la sede regional de la Contraloría le consultamos sobre la multa impuesta por la Sunafil por presunta discriminación salarial y haber cometido una infracción a la labor inspectiva, nos respondieron que son los funcionarios de la Controlaría en Lima quienes tienen esa información. Hasta el cierre de esta edición no hubo ningún pronunciamiento oficial.
DIFERENCIA DE LOS SUELDOS
En abril de 2018, Sunafil dispuso que el inspector Rubén Vásquez Sandoval realice una verificación en la oficina de la sede regional de la Contraloría, la cual se cumplió.
Lo que el inspector detectó fue una diferencia entre los sueldos que percibían los trabajadores con la misma categoría.
Por ejemplo, se tiene la diferencia remunerativa existente en las categorías remunerativas de Profesional IV y Técnico II, así se observa que en la categoría remunerativa Profesional IV, los colaboradores Yulemi Valladares Díaz y Adolfo Coronel Ascuña perciben una remuneración mensual de 9 mil 090 soles, en tanto los trabajadores Alberto Arteaga Solano, Julia Banda Apaza, Jorge Delgado Linares, Gloria Esquivel Gonzales de Delgado, Jaime La Rosa Abarca, Fernando Oviedo Vásquez y Hugo Alonso Ponce Gamarra perciben un salario mensual de 7 mil 960 soles.
Asimismo, en la categoría remunerativa Técnico II, la trabajadora Zelena Garcés Tello percibe una remuneración de 5 mil 200 soles, en tanto los colaboradores Alonso Miranda Aroni, Noelia Montes Hernández y Glenda Ticona Huamaní perciben un salario mensual de 3 mil 813 soles.
Al fiscalizador le llamó la atención que haya un grupo de trabajadores que percibe mayor sueldo que otro cuando tienen las mismas obligaciones. La norma impide que haya discriminación salarial, en este caso la entidad fiscalizada incurriría en discriminación indirecta.
“La discriminación indirecta en materia de retribución laboral se vislumbra con un trato diferenciado a categorías específicas de trabajadores, traducida en menores prestaciones sociales o remunerativas, no sostenidas en bases objetivas y razonables”, se explica en la resolución del 30 de setiembre de 2019.
En sus descargos, la Contraloría sostuvo que en tres documentos emitidos por la Sunafil no se detallaron las funciones que realizarían los 86 trabajadores presuntamente afectados con la supuesta discriminación.
También señalaron que el inspector de trabajo omitió revisar las funciones de sus colaboradores que le hubiese permitido determinar fehacientemente la presunta equivalencia u homologación de las funciones.
ARGUMENTOS INÚTILES
En las resoluciones administrativas a las que tuvimos acceso se lee que la Contraloría no acreditó que la diferencia remunerativa aplicada esté justificada y no sea discriminatoria. Es decir no sustentó con documentos su dicho.
Señalar que hubo modificaciones en el perfil del postulante no es suficiente para demostrar que la diferencia de sueldos obedece a criterios objetivos y razonables.
De otro lado, la Contraloría indicó que no pudo acceder a los documentos necesarios para defenderse.
En respuesta a esta premisa, la Sunafil advirtió que es cierto que la entidad estatal fiscalizada requirió copias del expediente administrativo pero no pagó por las copias simples, mucho menos se apersonó a las oficinas de la Sunafil para acceder a ese archivo.
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