Mesas de diálogo no consiguen solución a conflictos sociales en nuestra región, de acuerdo a dirigentes y autoridades
Nuestra región tiene 15 conflictos sociales: 5 latentes y 10 activos. De ellos, el 60% son socioambientales y se concentran, mayormente, en Melgar, San Román y Azángaro, según refirió el jefe de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona Huamán.
Sostuvo que si no se avanza con medidas concretas, la ciudadanía puede reorganizarse y poner en riesgo la gobernabilidad y los derechos fundamentales. “Desde luego, la protesta es un derecho de expresión pública legítimo y no se puede restringir”, señaló.
Y agregó: “Situaciones que merecen una intervención prioritaria por parte de las autoridades competentes y correspondientes son: la contaminación del río Ramis y los cuestionamientos a gestión de Red de Salud de Huancané. Son casos en observación que pueden devenir en un nuevo conflicto social”.
Según el último reporte de la Defensoría sobre los conflictos sociales en nuestra región, de 10 conflictos activos, solo 6 casos se encuentran en proceso de diálogo y en 4 no hay intento de diálogo.
CONFLICTOS ACTIVOS
Uno de los conflictos sociales activos en los que hay diálogo es el de Huanuyo. Allí, las autoridades municipales y las organizaciones sociales de Cabanillas se oponen al funcionamiento de las celdas transitorias instaladas en ese sector, por parte de la municipalidad de San Román. El temor es el impacto ambiental y las consecuencias que sufrirían las actividades agrícolas.
Otro caso es el de los comuneros de Chilla, los cuales se oponen a que las áreas colindantes de su territorio sean utilizadas como botaderos de residuos sólidos de la ciudad de Juliaca. Allí también hay diálogo.
Asimismo, existen conversaciones en torno a la problemática de contaminación de la cuenca Coata. Las autoridades y dirigentes involucrados (Coata, Huata, Capachica y Caracoto) exigen al Gobierno central instalar una Comisión multisectorial de atención de salud.
Mientras tanto, en Ocuviri (Lampa) los pobladores acusan a la empresa minera Aruntani de afectar el río Chacapalca y exigen la presencia de autoridades competentes. Allí ya se estableció un canal para abordar el asunto.
Lo mismo pasa en Phara y Limbani, en donde existe un enfrentamiento en el sector denominado Padre Orcco, un área de límites interdistritales pendiente de determinación a cargo del gobierno regional.
Otro caso es el de las autoridades y representantes sociales del distrito de Antauta, que solicitan a la empresa Minsur la firma de un convenio marco y el pago de un bono anual de mil soles por el tiempo de la pandemia para todos los pobladores locales. Aquí también existe diálogo.
En cambio, no hay comunicación ni vías de acuerdo en Llalli, cuyos pobladores expresan su preocupación por la presunta contaminación de la micro cuenca Llallimayo, por la actividad minera que se desarrolla en la zona.
Tampoco lo hay en Sandia, donde los pobladores reclaman que se declare la provincia en estado de emergencia. Hace poco, como se sabe, los dirigentes de esta localidad arribaron a Puno, en una marcha de sacrificio, y exigieron al Gobierno Regional proyectos frutales, etc.
Otro problema sin visos de diálogo ocurre en Juliaca. Allí se reclama al gobierno regional iniciar la construcción del Hospital Materno Infantil (el cual se encuentra pendiente desde 2010), pero las autoridades planean cambiar el lugar de ejecución de la obra.
Finalmente, el caso que involucra a padres de familia, pobladores del barrio Huáscar y barrios del cono norte de la ciudad de Puno, los cuales se oponen a la sentencia del Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Puno, que ordena realizar una delimitación de áreas y linderos de los terrenos que se encuentran en posesión de la Institución Educativa Politécnico Huáscar, no tiene puentes de diálogo.
CONFLICTOS LATENTES
Son varios. Por ejemplo, la población de Paratía pide un espacio de diálogo para reformular el convenio marco del año 2007, entre la empresa minera Ciemsa S.A. y la municipalidad de Paratía, el pago por daños ambientales por parte de la empresa minera y la posible ampliación de la explotación a través del proyecto minero Guadalupe.
En tanto, los pobladores de Ilave, de la zona lago, demandan el cese del vertimiento de efluentes líquidos del Camal Municipal y aguas residuales al río Ilave; existe temor frente al potencial colapso de la laguna de oxidación de aguas residuales de Ilave y se pide el cierre definitivo del campo ferial de Ancasaya.
A su vez, la población y autoridades aledañas a los distritos de Crucero, Potoni, San Antonio, Asillo y Azángaro, se oponen a la actividad de minería informal que se lleva a cabo en los distritos de Ananea, Cuyo y Crucero, por contaminación de la cuenca del río Ramis.
De igual modo, los ganaderos alpaqueros de Cojata demandan la suspensión de las actividades de minería informal en el río Suches, por la inminente contaminación de la cuenca. Ellos denuncian la presencia de mineros informales bolivianos.
Finalmente, los pobladores de Juliaca rechazan a la municipalidad de San Román por no tomar decisiones administrativas ante las irregularidades en la ejecución de la obra del drenaje pluvial.
Jacinto Ticona dijo que no se puede esperar que el conflicto llegue a situaciones extremas de violencia, donde haya confrontación y enfrentamiento con fuerzas del orden, poniendo en riesgo la vida y la integridad de la ciudadanía. “El estado debe anticipar, atender, implementar e informar a la ciudadanía”, expresó.
MESAS DE DIÁLOGO NO TIENE RESULTADO
El decano de Colegio de Sociólogos de Puno, Gustavo Medina Vilca, en referencia al tratamiento que se debe dar a estos conflictos, dijo: “Lo que hace el Gobierno peruano y regional es implementar medidas paliativas, tales como mesas de diálogos, donde el resultado es negativo puesto que no se llega a soluciones efectivas”.
Para tener resultados favorables, sugirió establecer un plan de trabajo que implique la satisfacción de las demandas de la población. Acotó que hay incumplimiento de todos los actores.
A su juicio, el primer nivel de atención es del gobierno regional. “Nosotros no hemos tenido ningún acercamiento ni invitación para poder contribuir con profesionales que tenemos, y así poder apoyar e intervenir en estos conflictos de la región”, expresó.
Finalmente, recomendó establecer la cultura de diálogo para llegar a procesos de concertación. “La población debe agotar todos los mecanismos de diálogo antes de iniciar una protesta”, culminó.
POR DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE
El exsecretario de Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), actualmente denunciado por entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, José Cupi Claros, señala: “Todas las protestas sociales son legítimas. El gobierno regional y central no ven el tema de la contaminación, que afecta directa e indirectamente a todos”.
En ese sentido, dijo que el próximo gobierno debe evaluar qué tanto se han contaminado los principales ríos de la región. “Hace varias décadas existe el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (Peblt), pero no han hecho nada por descontaminar el lago; el gobierno regional le tira la pelota al Gobierno central”, declaró.
Finalmente, enfatizó que no se debe criminalizar la protesta y hacer perseguimiento judicial a los dirigentes que toman “la batuta del pueblo”.
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