Señalan que director del IPD Puno ingresaría parcialmente dinero de arriendos a tesorería
Gravísimo. En el ojo de la tormenta se encuentra el presidente del Consejo Regional del Deporte de Puno, Yan Carlo Quispe Quispe, a quien un grupo de comerciantes que tienen puestos de venta en el estadio Enrique Torres Belón acusan de cometer graves irregularidades en el manejo de ingresos por concepto de alquileres.
Son en promedio 10 asociaciones a quienes desde el 2020 se les alquila espacios en las plataformas del perímetro del referido recinto deportivo. Varios de ellos tenían alquileres temporales, pero por la emergencia sanitaria, la cuarentena y demás disposiciones del gobierno, se quedaron en Puno y ahora se les pretende desalojar.
Los denunciantes afirman que suscribieron contratos con Quispe Quispe, pero que, con el transcurso de los meses, se les habría incrementado los alquileres entre 500 soles a más. Lo más grave, sin embargo, sería que no todo el monto recaudado ingresaría a tesorería del Instituto Nacional del Deporte (IPD) de Puno.
Anomalías
Carlos Mariano Huaranga Vila representa a ocho comerciantes de la asociación Gamarra – Lima, con quienes el IPD de Puno, en marzo del 2020, habría firmado un contrato por 2 mil 200 soles mensuales para ocupar la zona de la puerta 15 del estadio; no obstante, a las arcas de la institución solo habrían ingresado 600 soles.
Huaranga señala que Quispe le habría dicho que el monto restante estaba destinado para la caja chica de la institución, a fin de apoyar a deportistas destacados, y que incluso se había usado para prestar ayuda social con canastas de víveres en zonas vulnerables.
Acotó que el incremento arbitrario en el precio de los alquileres se habría dado desde mayo del año pasado, a lo cual se sumó la inversión que hicieron para mejorar sus puestos de venta. “Hemos invertido 17 mil soles, y al menos queremos recuperar eso”, dijo.
Por su parte, la asociación de comerciantes de calzado trujillano habría entregado 6 mil soles para ocupar un espacio en el estadio desde el 2 de abril. Adicionalmente, se les habría pedido otros 3 mil soles como adelanto y otra cantidad igual para permisos.
“Solo en un mes trabajando hemos dado 12 mil soles”, dijo Jesús Rafael Béjar Figueroa, representante de esta asociación. Por si eso fuera poco, el 19 de abril les pidieron una garantía de 1.500 soles, acumulando 13 mil hasta el momento. Sus sospechas surgieron cuando les pidieron 3 mil soles más para garantizar los servicios básicos.
¿Testaferra?
Béjar afirma que todas las entregas de dinero se realizaron por intermedio de Nora Érika Quispe, quien dijo ser la única persona autorizada para tratar con el titular del IPD de Puno. Ante los excesivos pagos que realizaban, pidieron tener un trato directo con la autoridad; sin embargo, también se les habría negado esa posibilidad.
Otro aspecto cuestionable es que el contador de la institución les habría indicado que no se les dio recibos porque no había sistema. Sus sorpresa fue mayor cuando, el 3 de junio, tras una inspección por parte de la procuraduría del gobierno regional, la aludida les entregó un contrato por solo mil soles.
Al ser encarada, Nora Quispe, en su defensa, negó que haya actuado maliciosamente e indicó que todo lo actuado consta en papeles y que posiblemente el caso ingresaría a la vía judicial.
¿Dónde está la plata?
Tanto en la denuncia de Mariano Huaranga, como en la de Jesús Béjar, la diferencia entre el dinero entregado y el que ingresó a tesorería es mayor al 70%. En el primer caso, ¿dónde fueron a parar los 1600 mensuales? Y en el segundo, ¿qué se hizo con los 5 mil?
Su malestar es mayor tras ser notificados para desalojar los ambientes que se les alquiló, por supuestamente no tener en regla las autorizaciones municipales y permisos de Defensa Civil. Consideran que esta sería una represalia por sus reclamos. “Cerraron las puertas con alambres, nos cortaron los servicios y amenazan con soldar las puertas”, refirió.
Lo niega todo
En comunicación con el diario Los Andes, Yan Carlo Quispe negó tajantemente que haya actuado en contubernio con Nora Quispe, por lo que, aseveró, procederá legalmente para defender su honor e incluso pediría una indemnización.
Asegura que todos los ingresos por alquileres ingresaron al IPD y que él no recibió ni un sol por ese concepto. Manifestó que la semana pasada llegó un auditor de Lima, el cual verificó que todo estaba en regla en el coloso del Torres Belón.
Mencionó además que los comerciantes que lo cuestionan tienen pendiente la gestión de autorización ante la municipalidad, y que de acuerdo al TUPA del IPD Puno hubo varias omisiones por las que se les notificó para su desalojo.
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