Camaná. La obra denominada ‘Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en las localidades de San José y Chule’, le generó un perjuicio económico a la Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres de más de un millón de soles.
Esto debido a un mal manejo del presupuesto designado por el Gobierno Regional de Arequipa, al igual que la contratación de una empresa que no tenía los requisitos técnicos mínimos. Adicionalmente el alcalde distrital, Jaime Mamani Álvarez, en su anterior gestión (2011-2014), propuso a una persona natural para la adquisición de terrenos que se presupuestaron desde la municipalidad, según el informe de Contraloría n.°063-2017-2-5334, publicado ayer.
En mayo de 2013, el GRA otorgó S/ 2’ 810 mil 813.00 para la obra de tratamiento de agua potable e impulsar el abastecimiento a más localidades. La municipalidad decidió otorgarle la obra a una empresa que no tenía los requerimientos técnicos mínimos, ni el perfil de un buen contratista. La empresa Fabiacom fue la elegida en agosto de ese mismo año.
La comuna le otorgó a esta empresa un puntaje mínimo para que aprobaran la calificación. Inclusive el contratista presentó documentos que carecen de veracidad, para lograr la contratación.
La municipalidad también consideró que era necesario adquirir terrenos para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Tanque Elevado. Para esta compra se presupuestó S/ 43 mil 333.34, designados para poder adquirir aproximadamente tres terrenos y que sean otorgados al contratista.
Cuatro días antes del proceso de selección que llevaría a cabo la municipalidad, la señora Susan Ticona Cuela puso a disposición los 75 m2, que eran necesarios para la obra. Esta Acción pasó por alto todo el proceso de selección.
“El alcalde vino a mi casa me llevó en el carro del concejo y fuimos a la notaría de la Pampa Ángel Martínez Palomino, donde ya habían hecho documentos en su oficina, me lo leyeron todo y me preguntaron si estaba conforme y yo les dije que sí pero la señora nunca vino”, declaró el anterior propietario del predio, Bernardo Aquima Ccallo.
Se generó un perjuicio de S/ 1’ 254 mil 645.34 al Estado, ya que no se hicieron los estudios adecuados para los suelos de este terreno. Además no se aplicó la penalidad por los plazos de entrega que pidió la empresa sin el debido sustento.
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