Cabecilla de mafia judicial aceptó el desfalco de más de 160 mils soles y se acogió a la terminación anticipada

Puno. Según información de la República edición Sur, Wilber Laura Valera, cabecilla de la mafia de trabajadores judiciales “Los Ladino del Altiplano”, que se apropió de 161 mil 899 soles de cauciones que depositaban los procesados entre 2020 y lo que va del 2021, se hizo responsable de todo el dinero que cobraron cinco personas particulares a cambio del 30% de cada fianza desembolsada.

El acusado contó que fue su hermano Fredy Laura Valera, quien lo ayudó a captar a personas de la calle para que cobren los depósito. En total efectuó 85 endosos.
Laura Valera se hizo de varias claves de algunos jueces y colegas, para ingresar a las computadoras de tres magistrados y varios de sus compañeros a fin de habilitar a terceras personas para el cobro de cauciones.

Wilber asumió toda responsabilidad y se acogió a la terminación anticipada por el delito de peculado doloso agravado. En no más de 72 horas un juez debe imponerle una pena efectiva por ser funcionario público. Eduardo González Ito, Xianeth Vila Gallardo y Celia Vilca Casquin, trabajadores judiciales también aceptaron su responsabilidad en este caso.

ODECMA Puno

Juan Francisco Ticona Ura, jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) Puno, informó que el caso también es investigado administrativamente.
Sin embargo, fuentes del Poder Judicial de Lima confirmaron que no hay avance alguno y en el expediente solo existen proveídos. Pese a que el caso se conocía desde 2020, ninguno de los implicados ha ofrecido su descargo. Hasta el momento solo el Ministerio Público, en el marco de sus competencias resolvió el caso.

Detención

Laura Valera fue detenido el lunes 26 de julio en un operativo dirigido por el fiscal anticorrupción William Otazú Pinto. Era uno de los 13 servidores judiciales que fueron aprehendidos por pertenecer a una organización dedicada a apropiarse del dinero que era depositado al Banco de la Nación por los sentenciados o procesados con comparecencia. Paralelamente se detuvo a cinco personas naturales que no tenían nada que ver con los procesos, pero que eran responsables de cobrar el dinero.

Nueve trabajadores judiciales fueron liberados porque acreditaron que en los días de las transacciones hicieron trabajo remoto. Solo quedaron implicados cuatro trabajadores y cinco civiles.