Puno. Duras críticas ha generado la prórroga para la presentación del Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), por supuestamente beneficiar solo a un grupo de mineros ilegales que siguen depredando el medio ambiente.
Esta es una iniciativa del congresista Carlos Zeballos (Acción Popular), quien en tiempo récord gestionó ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM) tal ampliación. Así, a través del Decreto Supremo N° 009-2021-EM, se aplaza hasta el 31 de diciembre la declaración semestral de producción y del IGAFOM.
En sus redes sociales, el parlamentario dice que evitó que miles de mineros se queden sin trabajo; sin embargo, operadores del sector e incluso autoridades consideran que Zeballos no conoce la realidad y solo le da carta blanca a la ilegalidad.
Pernicioso
Según Juvenal Jilayasi, representante de los trabajadores mineros “cachorreros” de La Rinconada y Cerro Lunar de Oro, Zeballos no sabe lo que hace. Asegura que esta medida solo beneficia a un grupo de empresarios que contaminan impunemente la zona.
El dirigente se pregunta qué criterios adoptó para tal decisión, ya que en casi 20 años del inicio del proceso de formalización, no hay avances justamente por tantas ampliaciones. Asimismo, lo invitó a visitar la zona para que vea en qué realidad viven.
Por su parte, el flamante titular de la Dirección de Energía y Minas (DREM), Wilfredo Menendez, señaló que este tipo de normas les quita autoridad para realizar fiscalización minera y les limitan a actuar para cautelar los recursos naturales.
De acuerdo al Registro de Mineros Informales en Proceso de Formalización (REINFO), en la región Puno serían aproximadamente 12 mil mineros que están en vías de formalizarse, pero desde que iniciaron estas acciones en el 2002, lo único que ha avanzado es la depredación medioambiental.
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