Puno. Tras la difusión de la denuncia periodística referida a presuntas inscripciones irregulares de terrenos rurales en la Comunidad de Ventilla, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) en la región Puno, ha iniciado una investigación administrativa a dos servidores públicos de su institución vinculados a la formalización de 69 hectáreas de terrenos rurales en Ventilla, distrito de Pichacani, provincia de Puno, a fin de determinar la responsabilidad en la que hubieran incurrido conforme a la denuncia presentada.
La entidad señaló que el saneamiento físico legal de terrenos rurales involucra la participación de diversas instituciones del estado, en el marco de sus respectivas competencias. A la Sunarp le corresponde la inscripción de los actos resultantes del saneamiento físico legal, una solicitud de los interesados y en base a los instrumentos que los sustentan, previa calificación registral efectuada por los registradores públicos.
Aclaró que los registradores son autónomos en el ejercicio de la calificación registral y, por lo mismo, son responsables porque su actuación se ajusta al marco normativo vigente, por lo que tomarán las medidas disciplinarias que correspondan , sin perjuicio del inicio de las posibles acciones legales.
Antecedentes
Según se sabe, Julio Aramayo Aza, como calificador de la Dirección de Titulación y Catastro Rural (DTCR) de Puno, habría favorecido a Francisco Bonifacio Meneses Díaz para que se le adjudiquen 69 hectáreas de terreno en dicha zona, de forma irregular.
Tras esta maniobra inescrupulosa, Aramayo se convertiría en socio de Meneses y promotor de las tierras adquiridas a través de acciones supuestamente fraudulentas. No obstante, habrían actuado en complicidad con Vania Licé Choque Catacora, registradora en la Sunarp Puno.
Esta sería pareja de Aramayo, quien al hacerse pública esta denuncia, renunció a su cargo en la DTCR. En su carta de renuncia, reconoce que actuó mal y asume las consecuencias de sus actos, cuando en el año 2016, valiéndose de su condición de abogado calificado de dicha entidad, incurrió en actos de corrupción.
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