Ad portas del inicio de una nueva gestión gubernamental en la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno, se empiezan a revelar una serie de presuntas anomalías perpetradas en la gestión del exrector Porfirio Enríquez Salas. Una de ellas tiene que ver con el nombramiento cuestionable de algunos personajes.
Puno. En los últimos meses de su gestión como rector Universidad Nacional del Altiplano (UNA), Porfirio Enríquez Salas emitió la Resolución Rectoral N° 2870-2019-R-UNA, que autoriza el nombramiento de varios profesionales en esta casa superior de estudios. No obstante, surgen cuestionamientos en torno a la incompatibilidad de funciones y el perfil requerido.
Implicados
Uno de los casos hace referencia a Carlos Abad Vargas Ortega, jefe de asesoría legal de la UNA-Puno, quien avala y firma su propio nombramiento, siendo juez y parte en este proceso. Además, a la vez cumplía labores de docencia en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables.
En el currículum del funcionario también destacan su candidatura al Congreso de la República por el Partido Humanista en los comicios del 2016. A pesar de no haber logrado una curul, sus influencias políticas le habrían sido útiles.
Por otro lado se encuentra Julio Adolfo Iruri Dávila, abogado de profesión y actual secretario regional del partido político Perú Libre. Casualmente, Vargas Ortega apoyó su nombramiento como servidor administrativo en la oficina de asesoría legal.
Asimismo, se cuestiona que se haya nombrado en la oficina de relaciones públicas e imagen institucional a Felipe Gálvez Condori. Dicho personaje es licenciado en sociología, pero en el 2019 fue nombrado como especialista en comunicaciones, relegando a los profesionales de la escuela de Ciencias de la Comunicación Social.
Se pronunciaron
El rector encargado Wálter Zamalloa Cuba dijo que no tenía conocimiento de estas presuntas anomalías, puesto que recién asumió el cargo el 16 de mayo. No obstante, aseguró que tomará cartas en el asunto. “Gracias por hacerme alcance de esta información”, dijo.
Sobre el caso de Vargas Ortega, mencionó que no habría mayor problema en que dé clases y cumpla funciones administrativas a la vez, porque su labor de docencia sólo sería a tiempo parcial, la que se adjudicó por concurso público.
En referencia al dirigente de Perú Libre, señaló que al no haber contrato entre el Estado y el servicio que presta, tampoco habría inconvenientes. “Tengo conocimiento que él es contratado”, dijo, señalando que también se investigará su caso.
Una postura más enérgica tuvo el rector electo, Paulino Machaca Ari, quien dijo que este sería uno de los tantos indicios de corrupción de la exgestión universitaria. Indicó que ni bien asuma el cargo, pedirá la intervención de la Contraloría General de la República. “Si va a haber nombramientos, que se haga por concurso público”, enfatizó.
Sinceramiento
El Colegio de Periodistas del Perú – Consejo Regional Puno, también emitió un pronunciamiento, rechazando el nombramiento de Gálvez Condori como especialista en relaciones públicas de la oficina de imagen institucional, al no ser profesional del área. Emplazó a la UNA a esclarecer este hecho.
Consideran que este es un atentado al ejercicio de la profesión de los egresados de la escuela de Ciencias de la Comunicación Social, por lo que piden que se revise el perfil profesional de la persona en mención; de lo contrario, se recurrirá a las instancias pertinentes.
A raíz de estos hechos, la comunidad universitaria ha expresado su malestar, puesto que muchos profesionales se ven limitados a acceder a algún cargo de docente o administrativo, mientras que otros, con menor legajo, acceden fácilmente y sin cumplir el perfil requerido.
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