Puno. A través de la Resolución Nº002-2021, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Puno admitió la querella interpuesta por el gobernador Agustín Luque en contra el consejero por San Román, Isidro Pacohuanaco, por el delito de difamación agravada.
Luque solicita una reparación de 500 mil soles (o medio millón de soles), monto con el que asegura realizará una acción benéfica para la región, según se cita en el expediente Nº 01370-2021-0-2101-JR-PE-03.
El juez Augusto Castillo admitió a trámite la denuncia, ordenando la comparecencia simple, a fin de que en 5 días hábiles Pacohuanaco responda a la querella y presente los medios probatorios para su defensa.
Se defiende
En declaraciones para Los Andes, el consejero dijo que a pesar de que la notificación fue emitida el 23 de agosto, recién ayer le llegó. Considera por eso que esta denuncia es un acto de intimidación, a fin de que deje de fiscalizar los presuntos actos de corrupción que se perpetrarían en el Gobierno Regional de Puno (GRP).
“Me quieren amilanar, callarme, intimidarme”, dijo, sobre las casi 15 denuncias que presentó ante el Ministerio Público contra Luque y algunos de sus funcionarios.
El consejero considera que no resulta descabellado haber indicado, en diferentes medios de comunicación, que en el GRP existiría una presunta organización criminal liderada por Luque, razón por la cual ahora es querellado.
Los protegen
Isidro Pacohuanaco precisó que de las denuncias que presentó, solo 4 están en investigación preliminar, mientras que las demás no avanzan. Presume que Luque se siente protegido por algunos familiares de magistrados que trabajarían en el GRP; cinco resoluciones darían cuenta de ello.
“No van a asustarme”, dijo, citando, por ejemplo, que el asesor Fredy Ramos sería esposo de la fiscal superior Judith Contreras. Asimismo, mencionó que el consultor Miguel Valdivia sería hermanastro del juez Yoúl Riveros.
El consejero pidió a los operadores de justicia que investiguen más a fondo y se amparen en las denuncias que presentó contra Luque, para que puedan corroborar si hubo o no actos de corrupción.
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