Puno. Tras la polémica querella que el gobernador Agustín Luque entabló contra el consejero por San Román, Isidro Pacohuanaco Pacco, por el delito de difamación, surgen voces que consideran que hay indicios de presuntos actos de corrupción que deben ser investigados en el Gobierno Regional de Puno (GRP).
El presidente del Consejo Regional, Jorge Zúñiga, señaló que las denuncias que hizo su colega sobre una supuesta organización criminal liderada por Luque, si bien no podrían ser calificadas como tal, sí ameritan ser investigadas por la fiscalía y otras entidades afines.
Citó, por ejemplo, que las licitaciones, adelantos de pago por obras, compras directas, entre otros, sobre los que existirían presunciones de actos anómalos, merecen la intervención del Ministerio Público, la Contraloría General de la República y otras instancias.
Reconoció además que habría cierta lentitud por parte del Ministerio Público para hacer el seguimiento de los indicios de anomalías.
No a la coacción
Por otro lado, considera que la querella interpuesta contra Pacohuanaco no debería representar un hecho de coacción por denunciar, porque es función fiscalizar y dar a conocer las irregularidades que pudieran presentarse.
Respecto a la denuncia de Luque, señala que habría que analizar las versiones por las que se siente difamado, las circunstancias y si configura un delito. De haber incompatibilidad por la presencia de familiares de magistrados en el GRP, que favorecerían al gobernador, considera que deberían ser separados.
Se desentiende
Mientras tanto, el consejero por Sandia, Wilfredo Menéndez, dijo no estar bien enterado del tema. “Si afecta al gobernador, está en su derecho”, dijo, sobre las acciones legales que adoptó Luque contra su colega.
“A veces se adelantan sin tener pleno conocimiento del caso”, agregó, en referencia a que algunas denuncias son precipitadas y carecen de mayor investigación.
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