Lima. La Contraloría General dio a conocer las 32 conductas infractoras que podrían ocasionar la inhabilitación de funcionarios y servidores públicos hasta por cinco años.
La institución encabezada por Nelson Shack indicó que, en virtud de la Ley 31288, ahora cuentan con capacidad de sancionar a quienes incurran en ese tipo de acciones, inhabilitándolos. Estas sanciones se aplicarán con celeridad y respetando el debido proceso.
Estarán sujetas a ellas quienes actúen en forma parcializada en los procesos de contratación y licitaciones, beneficiándose a sí mismos o a un tercero y perjudicando al Estado.
También serán sancionados aquellos que contraten servicios, bienes y obras sin realizar un procedimiento de selección previa a pesar de que la norma establezca que ello es obligatorio.
Asimismo, se sancionará a quienes den conformidad a bienes, servicios o ejecución de obras que no se hayan concretado o brindado, o que no cumplan con las condiciones contractuales.
Otra inconducta pasible de sanción de inhabilitación es la del incumplimiento de funciones en situaciones de emergencia que conlleven a que desde el Estado no se preste algún servicio o se entregue un bien, subsidio monetario o prestación económica, o a que esto no se realice de manera oportuna.
De igual forma, se podrá inhabilitar a quienes aprovechen de su cargo para obtener beneficios o ventajas indebidas y los que autoricen o ejecuten operaciones o gastos no autorizados. Serán sancionados, asimismo, los funcionarios que usen bienes o recursos públicos indebidamente y los que perciban doble remuneración en el sector público.
Las inhabilitaciones podrán ser no menores de 60 días y hasta por un año en el caso de infracciones administrativas graves. Las consideradas muy graves conllevarán a una inhabilitación de entre uno y cinco años, informó la Contraloría.
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