Puno. Tras la detención del gobernador Agustín Luque, del asesor legal del gobierno regional, Jhon Martínez; y de los conciliadores de “Mediar”, Liliana Larico y Hans Larico, algunos consejeros regionales exigen a la fiscalía ampliar la investigación por la presunta existencia de una organización criminal en el Gobierno Regional de Puno (GRP).
El fiscalizador por Puno, Severo Flores, manifestó que los magistrados de la justicia no están actuando como corresponde. “Me parece que hay una cortina de humo; en estos días de feriado, qué investigación van a hacer, no se está hablando del fondo del problema”, expresó.
Remarcó que las pericias deben recaer en el proceso de licitación de la obra del hospital regional Manuel Núñez Butrón (MNB). “Desde que asumió la gobernación, Luque conformó el Comité de Selección, colocando a su prima política, Narda Castillo. Desde ese día, el gobernador fue denunciado 8 veces, pero nunca hubo frutos”, dijo.
Además, exhortó a sus colegas a reflexionar y optar por la suspensión de la autoridad regional, tema que se debatirá en el pleno del consejo regional este 10 de noviembre.
Por su parte, el fiscalizador por San Román, Isidro Pacohuanaco, manifestó que Luque Chayña debe ser investigado por crimen organizado, debido a que se ha evidenciado que la prima hermana de su esposa dirigió la licitación de la obra del hospital MNB.
En ese sentido, acotó que la gerente de infraestructura del GRP y presidenta del comité de licitación, Narda Castillo, “entregó a la empresa bamba que falsificó la experiencia de ejecutar obras hospitalarias. Esta fue dirigida por el clan familiar; la fiscalía debe intervenir el GRP por el delito de crimen organizado”.
Más Evidencias
Para excluir las penalidades de más de 500 mil soles en perjuicio del Estado, Luque autorizó -mediante una resolución- al asesor legal, Jhon Martínez, que represente al GRP en la conciliación con la empresa china Consorcio Hospitalario Manuel Núñez.
Según el fiscal William Otazú, esta decisión contraviene las normativas, debido a que la conciliación corresponde al procurador regional, Santiago Molina Lazo, a quien excluyeron de este acto. Con el acta de acuerdo 087- 2021 de fecha 20 de octubre pasado, retrotrayeron el cobro de la penalidad.
La Fiscalía Anticorrupción, durante el allanamiento a las oficinas del GRP, encontró varios documentos claves que evidenciarían la concertación, como la Resolución Ejecutiva Regional 373-2021-GR-GR-PUNO del 5 de octubre, con el cual se delega facultades al asesor legal y deja sin efecto la Directiva 003-2021-GRP que norma el procedimiento para las conciliaciones.
¿Solicitó intervención?
Desde el GRP hicieron públicos unos documentos en donde se observa que el gobernador Agustín Luque, un día antes de su detención (29 de octubre), habría solicitado que la Contraloría de la República y la Fiscalía intervengan la sede de la entidad regional.
Con el oficio 1310, la autoridad se dirige al contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, solicitando acciones de control simultáneo. De igual modo, en el mismo día, también se envió el oficio 1311 al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Puno, para que ante los últimos acontecimientos (protestas y encadenamientos) se tomen las acciones del caso.
Así, se solicitó de manera personal y a iniciativa propia, que se realice una intervención fiscal especializada de manera inmediata en las diferentes instalaciones de las oficinas del GRP, en aras de la transparencia y legalidad de la administración regional.
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