Puno. El Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno solicitó 9 meses de prisión preventiva para el gobernador Agustín Luque Chayña, por la presunta comisión del delito de colusión agravada.
También fueron incluidos en el requerimiento John Martínez Molina, jefe de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Puno (GRP), y el ciudadano extranjero Chen Junkun (aún no ubicado), representante del consorcio Manuel Núñez, que ganó la licitación de la obra del hospital regional Manuel Núñez Butron (MNB) por más de 329 millones de soles.
A Luque se le atribuye haber concertado con Junkun un acuerdo formal para retrotraer el cobro de penalidades por más de 500 mil soles, aplicadas al citado consorcio, con lo cual causaron un perjuicio patrimonial al Estado.
El pedido fue formulado por el fiscal William Otazú, responsable de la investigación. De las diligencias también participó el fiscal Carlos Jáuregui Huayapa.
Audiencia
La audiencia de pedido de prisión preventiva estará a cargo del Juez Yoúl Riveros Salazar, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno, y se desarrollará hoy desde las 9:00 horas.
Cabe señalar que el magistrado es hermano de Miguel Valdivia Salazar, quien merced al Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) asesora a Luque en el GRP, lo que genera serias sospechas entre algunos consejeros regionales y dirigentes sociales.
Abogado de Luque
El abogado del detenido gobernador, Wílmer Quiroz Calli, manifestó que el GRP aplicó las penalidades al consorcio, lo cual se puede constatar en la cuentas corrientes de la entidad regional. “No existe colusión agravada, no existe perjuicio al Estado”, dijo.
Asimismo, descartó que su patrocinado genere peligro procesal, por lo que instó al Ministerio Público a actuar con proporcionalidad, dejando sin efecto las medidas de coerción. “La prisión preventiva es una excepcionalidad, la fiscalía no ha acreditado el perjuicio al Estado”, precisó.
GRP
En tanto, el gobernador regional encargado de Puno, Germán Alejo, dijo que mientras esté al frente de la entidad, los cargos de confianza serán sometidos a concurso público, por lo cual evalúa la posibilidad de firmar un convenio con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).
Acotó que el GRP está último en gasto presupuestal debido a que muchas obras están paralizadas. Finalmente, dijo que solicitó un informe a la totalidad de gerencias y que continuará haciendo cambios de funcionarios.
Antecedentes del juez Youl Riveros
El juez Yoúl Riveros Salazar tuvo a su cargo polémicos casos, como la investigación de los estudios que realizó el excongresista Moisés Mamani y que este declaró en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Al final, el magistrado le dio la razón al exparlamentario finado y declaró fundado el recurso de improcedencia de acción.
Asimismo, fue él quien ordenó 9 meses de prisión preventiva para el exalcalde puneño Iván Joel Flores Quispe, por el delito de colusión desleal. En ese caso estaba incluida la exasesora Ynes Béjar Barriga y el exgerente Edgar Centeno Chavarría, a quienes se les acusó de desviar 100 mil soles donados para la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2015.
De igual modo, en diciembre de 2019, ordenó 36 meses de prisión preventiva contra 3 de los 12 miembros de la banda criminal “Los Camanejos”, sindicados por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de cobro de cupos, extorsión y lavado de activos.
También dispuso la ubicación y captura del exgobernador Wálter Aduviri Calisaya, tras incumplir con las restricciones impuestas en el 2019. En ese caso, finalmente declaró fundado en parte el pedido de prisión preventiva por un plazo de 15 días, con consecuencia de 6 años de pena efectiva y más de 2 millones de reparación a favor del Estado peruano.
Algo +
Nuestra región, hasta el momento, tiene tres gobernadores regionales en una sola gestión (Wálter Aduviri, Agustín Luque y Germán Alejo).
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