Puno. Hoy se desarrolla la audiencia de apelación de 9 meses de prisión preventiva contra el encarcelado gobernador Agustín Luque Chayña, en la Corte Superior de Justicia de Puno.
Como se recuerda, el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Puno ordenó la medida carcelaria para la autoridad regional por la presunta comisión del delito de colusión agravada.
La orden judicial comprende también a los coacusados John Martínez Molina, exjefe de asesoría jurídica del Gobierno Regional de Puno (GRP), y al ciudadano extranjero Chen Junkun, representante del Consorcio Hospitalario Manuel Núñez.
Luque y Martínez, es preciso recordar, están internados en el penal de Puno (ex Yanamayo), desde donde enfrentan el proceso que se les sigue, en tanto que el extranjero está prófugo.
La acusación fiscal sostiene que el gobernador y sus funcionarios acordaron, en directorio, que Martínez represente al GRP y acceda a la conciliación iniciada por Junkun para anular el cobro de las penalidades impuestas a su empresa por retrasos en los trabajos de una obra.
Además, habrían encubierto que el valor real de tal penalidad era superior a los 3 millones de soles. Asimismo, el trámite de conciliación habría sido irregular, pues Junkun figura como participante de las audiencias cuando no habría asistido a ellas, pese a ser obligatorio (esto se probaría con el registro de las cámaras de seguridad del centro conciliatorio).
Finalmente, el fiscal William Otazú afirmó que el acta de acuerdo conciliatorio carece de las formalidades establecidas en la Ley de Conciliación. Sin embargo, fue avalado por la conciliadora extrajudicial Liliana Larico Bermejo y el abogado Hans Larico Apaza, también investigados en este caso.
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