El 19 de marzo, la procuraduría del Gobierno Regional de Puno (GRP) solicitó prisión preventiva para el encarcelado gobernador regional Agustín Luque y 10 personas de su entorno, por supuestamente pertenecer a una organización criminal que operaba en el GRP.
El pedido fue referido a Raúl Merma, fiscal especializado contra la criminalidad organizada. Entre los imputados figuran Olinda Pacheco Aguilar, Narda Castillo Castillo, Hilda Quispe Illacutipa, John Martinez Molina, Enrique Almonte Pilco, Jhon Vargas Coha, Eva Apaza Gómez, Yovana Alvarado Calcín y Karina Huilica Huamán.
Estos, desde puestos clave en la administración del GRP, en forma concertada y coordinada, habrían manipulado procesos de contratación.
La organización
Según la procuraduría, mientras Luque daba el rostro, su esposa Olinda Pacheco operaba en las sombras buscando contactos en el Poder Judicial. Asimismo, reclutó a un personal de confianza para conformar la Comisión licitadora del proyecto de la nueva infraestructura del hospital Manuel Núñez Butrón.
Así convocó a las personas mencionadas líneas arriba, las cuales se conocían por haber trabajado en la cuestionada gestión de Iván Flores, exalcalde provincial de Puno.
No colaboran
Lo que preocupa a la procuraduría es que ninguno de ellos se apersonó a la fiscalía para colaborar con las investigaciones. Además, ninguno cuenta con domicilio conocido, con lo cual obstaculizan el proceso.
Dato
Además de la denuncia por organización criminal, se señalan los delitos de malversación, tráfico de influencias, enriquecimiento, etc.
Cita
“Los implicados no se han aproximado a dar sus declaraciones. Se está solicitando prisión preventiva debido a que se están burlando de la investigación”
Iván Zantalla Prieto
Procurador del GRP
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