El jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona Huamán, señaló que el gobernador Germán Alejo Apaza y los alcaldes provinciales y distritales están obligados a cumplir la Ley Nº 30364, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y el grupo familiar.
En ese marco, explicó que esta norma exige a las autoridades crear y conformar acciones inmediatas, como por ejemplo aprobar acuerdos u ordenanzas para la prevención y la reducción de la violencia contra las mujeres.
“Los responsables de las referidas instancias, si no cumplen con implementar la disposición dada por el gobierno nacional, serán suspendidos por 30 días de su cargo”, advirtió Ticona Huamán, al tiempo de recordar que la norma está vigente desde el 9 de abril del 2022.
En otro momento, informó que cerca de 400 ronderos de la región Puno asumieron el compromiso de sensibilizar y hacer reflexionar tanto a varones y mujeres en sus jurisdicciones, a fin de concientizar a la no violencia contra las mujeres y el grupo familiar.
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96 feminicidios se registraron en la región desde enero 2013 hasta febrero del 2022. San Román, Puno y Carabaya lideran las cifras.
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