Los Andes

Ante el incremento de situaciones de violencia que afectan la seguridad ciudadana, el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, presentó el proyecto de ley que declara una amnistía para el uso ilegal de armas de fuego de uso civil o de guerra, así como municiones, granadas o explosivos.

La norma tiene como objetivo disminuir de manera drástica la cantidad de armas de uso civil y/o de guerra, y, por consiguiente, reducir los hechos de violencia causados por el uso de los bienes en mención.

La propuesta establece un plazo de 60 días para que aquellas personas que no cuenten con licencia o autorización, entreguen las armas a las autoridades acreditadas.

Para tal efecto, dichas personas contarán con una serie de garantías como el anonimato, una constancia de internamiento, el derecho a solicitar un notario o autoridad comunal que deje constancia de la entrega, la condonación de deudas que tuvieran pendientes ante la autoridad correspondiente y hasta un incentivo económico que será definido por los ministerio del Interior y de Economía.

Cabe señalar que vencido los plazos las personas que no se acojan a la amnistía o mantengan estos bienes ilegalmente serán sancionadas administrativamente y denunciadas a nivel penal.

Finalmente, se propone modificar el artículo 279 de Código Penal para establecer una pena de uno a dos años de prisión, para aquellas personas que cuenten con licencias vencidas o caducas para portar armas, municiones o explosivos.

Comisión Multisectorial

En paralelo a la propuesta, Peláez planteó al Poder Ejecutivo, la conformación de una comisión multisectorial a fin de estudiar y proponer lineamientos de política en relación al uso de armas de fuego de uso civil y de guerra.

El grupo de trabajo estaría conformado por representantes de la Policía, la DISCAMEC, el Poder Judicial, la Fiscalía y los ministerios de Justicia, Defensa, Economía Relaciones Exteriores y Comercio Exterior.

La Comisión tendrá un plazo de 30 días para emitir un informe con recomendaciones que serán de cumplimiento obligatorio para los sectores involucrados.

Estas propuestas forman parte del grupo de planteamientos lanzados por el titular del Ministerio Público para disminuir los hechos de violencia presentes en nuestro país.