Por Guillermo Yaguno
La comisión de ética parlamentaria, de acuerdo al reglamento, es un grupo de trabajo ‘especializado’ de congresistas en materia de ética.
Tiene por objeto velar por el cumplimiento de las normas, principios de la ética parlamentaria, la probidad y transparencia en los actos y acciones de los parlamentarios.
Asimismo, cumple con establecer acciones complementarias que coadyuven a prevenir actos que contravengan la ética parlamentaria, pretende preservar la ‘imagen’ que el Congreso debe tener ante el país y asegura la transparencia en la administración de los fondos públicos que le son confiados.
Su funcionamiento está enmarcado en el reglamento de la Comisión de Ética que consta de 42 artículos.
Esta instancia elabora los informes contra los congresistas que pudieran estar faltando al código. En caso de que sea declarada fundada por la comisión, pasa al pleno del Congreso para su votación.
Hasta aquí todo el procedimiento y el curso de la comisión de ética parlamentaria, pareciera andar al pie del reglamento. Pegado al código.
Pero otra es su realidad.
Lamentablemente la Comisión de Ética, simplemente ha pasado a ser un instrumento de uso y manejo de Fuerza Popular y el Apra, para someter a sus adversarios y proteger a sus integrantes de bancada que violaron el código y que ameritaban sanción.
De acuerdo al Portal de Transparencia, desde el inicio del periodo parlamentario actual, la Comisión de Ética a marzo de 2018, había recibido 93 denuncias por presuntas infracciones éticas cometidas por congresistas, solamente ha recomendado sancionar a cinco de estos casos y el pleno sólo ha sancionado a dos, y bajó drásticamente las penas.
¿Quién garantiza que se respete la ética parlamentaria? ¿Quién hace cumplir las precarias normas que intentan regularla?
El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, intentó en dos oportunidades votar la recomposición de altos cargos directivos y comisiones.
Estas modificaciones habrían dejado a Fuerza Popular sin mayoría en todos los grupos de trabajo. En el último intento frustrado se acordó que el tema se vea recién después de la elección de la Mesa Directiva, prevista para finales de julio.
Lo irónico es que, Salaverry también fue acusado por la Comisión de Ética. El grupo presidido por Janet Sánchez recomendó suspenderlo por 120 días, por presuntamente haber presentado reportes de su semana de representación con información falsa.
Salaverry ha recurrido a instancias judiciales para intentar evitar la sanción. Logró que el tema no estuviera en la agenda del pleno y se postergara hasta la próxima legislatura, para así poder terminar su mandato.
En una nueva conversación del denominado chat La Botica de los integrantes de la bancada de Fuerza Popular, se lee que era necesario enviar a la bancada naranja el listado de casos de sus congresistas que se encuentran en la Comisión de Ética y también los escándalos de otros partidos.
En otro momento, se señala que el congresista Carlos Bruce no ha mostrado “reciprocidad” en su comportamiento luego de que se archivara una presunta investigación en su contra.
Venganza, presión y protección seria el papel real de la comisión de ética parlamentaria, en un Congreso donde muchos tienen rabo de paja.
*Periodista de Radio San Martín
Comentario sobre post