Según el reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, nuestra región tiene un total de 19 conflictos sociales, de los cuales 13 son de tipo socioambiental, los cuales se encuentran vinculados a la gran minería, además de la minería informal e ilegal.
De estos casos, el conflicto que recientemente volvió a activarse, es el de la provincia de Melgar, en la que se realizó un paro de 72 horas por la contaminación de la cuenca de Llallimayo por parte de la Mina Arasi – Aruntani, que afecta a los distritos de Ayaviri, Llalli, Cupi y Umachiri.
Sobre esta problemática, se tuvo una reunión el 23 de octubre del presente año, donde debió aprobarse el plan de acción; sin embargo, los representantes de la sociedad civil pidieron que se incluya la paralización total, inmediata y definitiva de las operaciones mineras de la empresa Aruntani S.A.C.; además, solicitaron la cancelación de las consecuciones mineras en la cabecera de cuenca de Llallimayo. Al no haber consenso sobre el primer punto, dicha reunión se suspendió.
También existe este tipo de conflicto en las provincias de Azángaro, Carabaya y San Antonio de Putina, por la contaminación de la cuenca del río Ramis. Debido a ello, la población y autoridades aledañas a los distritos de Crucero, Potoni, San Antonio, Asillo y Azángaro, se oponen a la actividad de minería informal que se lleva a cabo en los distritos de Ananea, Cuyo Cuyo y Crucero.
En la lista también se encuentra la problemática acontecida en la provincia de San Román, en la que los pobladores de los distritos de Coata, Huata y Capachica, exigen al alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román y a la empresa SEDA Juliaca, no continuar con el vertimiento de aguas residuales de la ciudad al río Torococha, ya que son descargadas directamente al río Coata, contaminando así el agua que consumen los pobladores.
Cabe señalar que, de los 13 casos de conflictos sociales del tipo socio ambiental, 8 se mantienen activos y 5 latentes.A
DATO
Un caso nuevo se reportó en noviembre en la provincia de El Collao – Ilave. Los pobladores de la zona lago demandaron el cese del vertimiento de efluentes líquidos del Camal Municipal y aguas residuales al río Ilave, pues podría colapsar la laguna de oxidación de aguas residuales de Ilave. Asimismo, se pide el cierre definitivo del campo ferial de Ancasaya.
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