En el año 2017, cuando era subprefecto de San Román, Wilber Alfredo Apaza Díaz, hoy prefecto de la región, habría incurrido en una seria irregularidad al pedirle dinero a un ciudadano, a fin de otorgarle garantías personales en determinada coyuntura.
La denuncia la hizo Miguel Rubén Mamani Ticona, poblador del distrito de Putina, quien radica en Juliaca. En base a la instrucción preliminar, providencia N°11-2019-10-FPCEDCF – PUNO, se reprogramó para hoy la diligencia de declaración del imputado.
Según los hechos, el 12 de mayo del 2017, Mamani Ticona solicitó garantías personales luego de haber sido golpeado y ser amenazado de muerte por parte de su compañero de estudios, Miguel Chipana Quispe, en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) San Román.
El afectado narró que fue designado como brigadier general, y que, como parte de sus funciones, intervino a sus compañeros bebiendo, lo que generó una pésima reacción de estos.
En ese marco, solicitó garantías para cuidar su integridad personal, pero el actual representante del gobierno le solicitó a suma de 200 soles para agilizar el proceso; sin embargo, al no tener esa cantidad, Mamani Ticona no volvió más a la Subprefectura.
Asimismo, dio cuenta que denunció el hecho a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, la cual lo convocó a rendir manifestaciones.
Por su parte, Apaza Díaz manifestó que la acusación es malintencionada y además planificada por el exprefecto. “Me acusan de lo mismo”, sostuvo en su defensa la autoridad política regional.
En otro punto, hizo referencia a la disposición fiscal número 96- del 2018, en donde se resuelve declarar no procedente formalizar denuncia ni continuar con la investigación en contra de Apaza Díaz.
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