Columnista: Walter Paz Quispe Santos
Ser un “antisistema” y ser parte de un sistema liberal, controlado por el Ministerio de Economía y Finanzas, CPLAN, y el mercado autorregulado por la oferta y la demanda, debe ser desventurado, porque nada se encuentra en su lugar. Aun peor si uno tiene una admiración por Evo Morales o Nicolás Maduro y ha aprendido a resolver los problemas en medio de la violencia verbal, el bloqueo de carreteras o la incursión de ciudades o pueblos para generar el caos. La anarquía fundamentalista no es la fórmula para gobernar.
A menos eso parece ocurrir con Walter Aduviri, a los seis meses de su mandato como gobernador regional. Hay un conjunto de conductas políticas que así lo testifican. En primer lugar, detener pretensiones para cerrar el Consejo Regional porque este había censurado a dos de sus funcionarios involucrados en actos de corrupción, o llamar “ilegal” a un artículo del reglamento interno para protegerlos de las acusaciones antes señaladas… Esto lo muestra una vez más contestatario e incómodo contra el sistema.
Siendo el principal sospechoso señalado por el Ministerio Público en los disturbios violentos protagonizados en el mal llamado “Aymarazo”, ahora pretende que su abogado defensor sea nada menos que el alcalde de la ciudad de Puno, Martín Ticona, y la autoridad edil ha salido a responder que las audiencias son breves y saldrá a defenderlo. Claro está, en un acto de ingenuidad política. Ser alcalde de la ciudad es a dedicación exclusiva y no podría defenderlo, porque además ingresaría en un dilema ético. Es decir, cuando Ticona era abogado, litigante de calle, podía serlo con libertad, pero ahora es burgomaestre de la ciudad y tiene el deber de mostrar temperamento y firmeza en la lucha contra los intentos de incendio de las instituciones públicas y privadas de la ciudad, el rechazo a los futuros agresores que pretendan violentar la seguridad ciudadana y de sus calles. Por lo que Ticona, como alcalde, no podría defenderlo, porque entraría en contradicción con los valores exigidos a una autoridad de salvaguardar la integridad física y psicológica de sus ciudadanos. Así los alcaldes abogados dejarían sus puestos de autoridad para defender a cualquier incauto de probables agresiones, saqueos o el incendio a las instituciones del Estado. Aunque cabe una posibilidad: que Ticona deje el cargo de alcalde y sea vacado o renuncie para defenderlo con propiedad y coherencia. Como verá, amigo lector, ser “antisistema” es difícil cuando se pasa a la otra orilla, donde hay que respetar las leyes que regula el Estado de Derecho de un país o una región subnacional. ¿O acaso el alcalde de la ciudad quiere que los hechos ocurridos en el denominado “Aymarazo” queden impunes?
En estos seis primeros meses de su gobierno, Aduviri quiere leyes a su medida para practicar un autoritarismo y arreglar sus problemas judiciales; quiere que la ciudadanía no cuestione los desaciertos de su gobierno, sobre todo frente a los temas de la corrupción que empiezan a llenarse en las instituciones del Gobierno Regional, y particularmente los audios que han mostrado que quienes gobiernan desde la sombra son sus hermanos, “El clan Aduviri”, y no se pronuncia sobre ellos y guarda un silencio cómplice. Si esa es la ruta que ha trazado Aduviri para el futuro regional, ni la consecución del gas boliviano para Puno, ni la ejecución presupuestal que según él es “histórica”, lo salvarán de una caída inminente.
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