Por Guillermo Yaguno
La licencia de construcción otorgada a Southern por parte del Ministerio de Energía y Minas para el inicio del proyecto Tía María, tras haberse cumplido con el trámite administrativo en 2014 cuando se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental, ha puesto nuevamente en escena el conflicto social entre la empresa minera y sectores opositores al proyecto en una relación irreconciliable. Como todo conflicto social, hay interés económico, social y políticos afectados, y el del valle de Tambo, no es la excepción.
Desde el anuncio del proyecto Tía María en 2003 por la empresa mexicana Southern Perú Copper Corporation, se fue acentuando el rechazo de los pobladores de la zona a la mina, y esta condena se fue fortaleciendo sacándole provecho a los antecedentes negativos de Southern en Moquegua y Tacna en cuestión del medio ambiente desde 1953. Sus licencias le permitían extraer, tanto aguas superficiales, como subterráneas. La utilización de este recurso de los pozos impactó directamente en las cuencas y en los bofedales.
En los inicios de su actividad extractiva, sus desechos eran arrojados directamente al mar, en la bahía de Ite, previo recorrido de la ribera de 21 kilómetros del cauce del río Locumba en el caso de Tacna. Este daño ecológico se prolongó por lo menos 38 años, hasta los primeros años de la década del 90, restos de cobre, arsénico, plomo, mercurio y otros metales fueron esparcidos en aproximadamente 300 kilómetros del litoral. El impacto ecológico se localizó desde la parte alta hasta la costa. La transnacional Southern Copper, fue la única empresa minera no expropiada durante las reformas de Juan Velasco Alvarado.
Desde la creación del Oefa (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) en 2008, la empresa tuvo 5 procesos administrativos por incumplir normas de protección ambiental, 3 por incumplimiento del instrumento de gestión ambiental, 2 por incumplimiento de recomendación, mandato o disposición administrativa y 2 por incumplimiento de normas de residuos sólidos.
Con estos antecedentes, es comprensible que la población de Islay no confíe en las palabras de los representantes de Southern, a pesar de que el gobierno afirme que dicho Estudio de Impacto Ambiental fue evaluado y es confiable y que hará cumplir de forma rigurosa las exigencias del estudio.
El presidente de Perumin 34 Convención Minera, Carlos Gálvez, tras anunciar dicho evento, afirmó que para esta edición quieren demostrar que ya no se practica la minería del siglo XIX, aquella que generaba varios impactos negativos en el ecosistema y que se trabaja en un nuevo eje denominado Tecnología, Innovación y Sostenibilidad (TIS) para demostrar que la minería del siglo XXI es capaz de convivir con el ecosistema.
Lamentablemente para los intereses del sector minero, las expectativas de los pobladores que rechazan la actividad minera, se remontan al pasado. Southern no solo se ha hecho daño a sí mismo sino a toda iniciativa extractiva. Unos 21 proyectos mineros están programando sus operaciones entre 2020 y 2025. Un pasado negativo condiciona el presente y le pasa factura al futuro.
*Periodista de Radio San Martín
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