Por Walter Castillo Chávez
Cuando el presidente de la República otorgó la licencia de construcción de Tía María y La Tapada, se jugó una carta atrevida cuyas consecuencias deberá afrontar. Primero como era de esperar, recibió la contundente respuesta del paro indefinido de los tambeños, que lo derrumbó en las encuestas en todo el Perú y especialmente en el Sur. Además, originó una escalada de paros en Puno por la contaminación de las minas Aruntani y reclamos contra Quellaveco en Moquegua.
Obligado por la grave situación, vino a Arequipa a dialogar tardíamente, pero su visita no tendrá mayor efecto si no anula o revoca la licencia de marras por ser ilegal .
Esta grave ilegalidad es probada por la investigación realizada por Elizabeth Salazar, periodista de Ojo Público, que dio a conocer como la reunión del vicepresidente de Finanzas de Southern, Raúl Jacob Ruisánchez, con Francisco Ísmodes, ministro de Energía y Minas (el último 5 de julio) hizo posible la aceleración del trámite, que tres días después, logró la aprobación de su licencia de construcción, pese a existir recomendaciones pendientes de subsanar en materia ambiental.
El ministro Ísmodes y sus muchachos del Minem, hicieron este veloz trabajito para Southern, a pesar de que al expediente Tía María le faltaban: “planos, manuales y balances de ingeniería, información sobre las licencias para el uso de agua de mar que requerirán en sus operaciones, el estudio hidrológico de la zona del proyecto, y un análisis de la “estabilidad geoquímica del depósito de ripios”. Este último, clave para asegurar que los residuos ácidos del cobre se queden en una superficie suficientemente segura para que no filtren a la tierra.
Esta es solo una prueba más de que Southern no ha podido absolver muchas de las observaciones que Unops hizo a su primer estudio de impacto ambiental, y que como siempre, ha debido apoyarse en el poder político y la corrupción de los funcionarios de Energía y Minas.
(Vease la investigación completa en ojo-publico.com)
Por supuesto que a Ísmodes y Vizcarra no les quitaba el sueño lo ambiental, sino la presión de Gonzáles Rocha, cuyo plazo de vigencia de su nuevo estudio de impacto ambiental caducaba el 1 de agosto, y la millonaria campaña publicitaria y propagandística pro-minera que los obligó a dar la licencia de construcción.
Lo que viene es imprevisible.
*Periodista y educador
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