La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de Franklin Chuchullo, dispuso formalizar e interponer una investigación preparatoria, por el plazo de 120 días, en contra del exgobernador regional Juan Luque Mamani.
En la acusación también figuran Victor Ciro Quispe Nina, Jacinto Apaza Condori, Juan Isidro Condori Vargas y María Ortiz Ortiz, a quienes se les acusa de ser autores de cobros indebidos en perjuicio del Estado Peruano.
Juan José Aldazabal Soto también está en la lista de los acusados, como cómplice del delito contra la administración pública – delitos cometidos por funcionarios públicos, en su modalidad de concusión, en su forma de exacción ilegal o cobro indebido.
A Luque Mamani se le acusa porque, en su condición de gobernador regional, firmó la Resolución Ejecutiva Regional N° 106-2015 de febrero del 2015, sin observar el irregular trámite efectuado tanto por el señor Jacinto Apaza Condori como por Juan Isidro Condori Vargas, quien era el encargado de realizar las opiniones legales.
En dicha resolución tampoco se consideró la cantidad de beneficiarios ni el monto total adeudado, por lo que hubo reconocimiento indebido y sin sustento legal.
El 19 de noviembre del 2015, el director general de la Dirección General de Presupuesto Público, envió un oficio en el que se indicaba que el artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94 no suponía entrega económica alguna y que la fijación del monto adeudado no tenía amparo legal.
Pese a que se realizó una reunión por este motivo con los sindicatos de trabajadores, no se declaró, de oficio, la nulidad de dicha resolución o hizo algún acto tendiente a eliminar los efectos de la resolución.
Por el contrario, al no tener monto ni cantidad de beneficiarios, se continuó con el trámite indebido de los pagos por parte de los trabajadores sindicalizados del Gobierno Regional de Puno, quienes se beneficiaron con 13 millones de soles de manera irregular.
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