Tras la demanda de Odebrecht al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, por la supuesta violación de sus obligaciones en relación al proyecto Gasoducto del Sur. La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, sostuvo hoy que el Perú tiene argumentos sólidos frente a la demanda.”Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción.
“Existen elementos jurídicos suficientes para defendernos como Estado, y los activaremos en la medida que se requiera”, puntualizó la titular de Justicia.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, calificó la demanda como un “acto de provocación a la justicia”.
Asimismo, Zeballos Salinas confió en que la demanda no prosperará porque no tiene lógica y constituye un contrasentido porque la constructora brasileña firmó un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público.
Sobre el caso, también se pronunció el coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, quien enfáticamente mencionó que la denuncia no tiene sentido.
“No tiene ningún sentido, tratamos sobre documentos y sobre lo que existe. Así se lo hemos hecho saber a los ejecutivos de Odebrecht. No solo existe la declaratoria de culpabilidad de Odebrecht, sino también de Graña y Montero y de los hermanos José y Hernando Graña”, dijo Vela.
Según explicó en RPP, la empresa brasileña en julio del 2019 firmó un acta en la cual reconoció pagos ilícitos en el proyecto del Gasoducto del Sur, en torno al cual ahora ha presentado su demanda ante el Ciadi.
Refirió que, tras conocer la demanda, han solicitado a la constructora brasileña que esclarezca el contenido del acta de culpabilidad suscrita, pero a la fecha no han tenido respuesta; no obstante, esta podría llegar hoy o mañana.
Odebrecht exige más de 1,200 millones de dólares de indemnización, argumentando que Perú violó las obligaciones que tenía en el marco del convenio entre Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto.
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