Por: Mayhc Vizcarra
En el Gobierno Regional de Puno (GRP), la Oficina de Control Interno (OCI) viene cumpliendo un rol pasivo y complaciente con la gestión dirigida por Agustín Luque Chayña, práctica que no se veía en la época de Walter Aduviri.
Como se recuerda, cuando este último dirigía los destinos de la región, el jefe de la OCI de ese entonces, entre mayo y junio del 2019 , observó a varios funcionarios del GRP, como el administrador, gerente general, asesor legal, gerente de infraestructura, jefe de Planificación, subgerentes, entre otros, por no reunir el perfil requerido para asumir cargos de confianza.
Sin embargo, la OCI actual, a cargo de David Silva Cervantes, no ha remitido todavía ningún informe a las entidades respectivas sobre la posible irregular contratación de los profesionales de confianza de Agustín Luque.
Esto, pese a que el exprocurador del GRP, Gustavo López, el 18 de noviembre pasado, envió un exhorto al titular de la OCI para que evalúe este tema.
Poco después, el 07 de enero, se envió un reiterativo para que tome cartas en el asunto; sin embargo, se respondió con el oficio 009-2020, que solamente dice que los actuados serán informados la titular del pliego, en este caso, al gobernador Agustín Luque Chayña. Lo que sigue es conocido: hermetismo total.
Uno de los personajes más cuestionados de la actual gestión es Enrique Almonte Pilco, quien para asumir el cargo debería tener, como mínimo, una especialización referido al área de Recursos Humanos (es jefe de Personal); sin embargo, no cumpliria tal requisito.
Otro que tampoco cumple lo establecido en el perfil para ocupar el cargo, es Dante Coasaca Núñez, quien según el registro de grados y títulos de la Sunedu solo es ingeniero economista, pese a que, para ser gerente general del GRP, debe tener el grado de magíster.
El administrador regional Willy Gómez Apaza tampoco cumple los requisitos. Él, pese a solo ser licenciado en administración, sigue en el cargo, sin que el OCI pueda tomar las acciones legales por su irregular designación.
Ellos son solo una muestra de las graves infracciones que se cometen en la contratación de personal de confianza en el GRP. Entre las normativas vulneradas, destaca la Ordenanza Regional N° 12-2010, cuadro de asignación de personal.
Ante esta desidia, Gustavo Ramón López Llanos, exprocurador del GRP, dijo que interpondrá una denuncia por inconducta funcional y omisión y rehusamiento de actos funcionales en contra del jefe del OCI del GRP, David Silva Cervantes.
ALGO + : En el 2015, el abogado Jaime Facundo Aragón denunció penalmente a David Silva Cervantes, por omisión y fraude de administración de personas jurídicas y encubrimiento. Esto, porque el entonces también jefe de Control Interno nunca intervino a ninguna intitucion pública.
El delito de aceptación ilegal del cargo público.
La descripción típica se encuentra contenida en el Artículo 381° del Código Penal, con el siguiente tenor:
“El que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido con una pena se sesenta a ciento días multa”.
Este delito se ubica en la sección I “abuso de autoridad”, del capítulo II “Delitos cometidos por funcionarios públicos”, del título XVIII “delitos contra la administración pública” del libro segundo del Código Penal.
El delito de nombramiento o aceptación ilegal de cargo es ampliamente abordado por Manuel Abanto Vásquez, en su obra “Los delitos contra la administración pública en el Código Penal Peruano”.
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